Tal vez en Colombia estemos acostumbrados; pero en el mundo no dejamos de ser vistos como los bárbaros que no respetan la vida. Una realidad que se vive a diario en la tierra del olvido; en un país donde para los medios de comunicación es más importante estremecer con la insolencia de algún político, que con esta cruda verdad que agobia a miles de familias colombianas.
Por María Teresa Blanco Peñaranda
redaccion@electornoticias.com
Y es que nos hemos vuelto tan indolentes ante el valor de la vida, que la noticia se presenta como una “reducción” en el número de asesinatos, si se compara con los años anteriores (182 en el 2020, 134 en el 2019 y 178 en el 2018). Sin embargo, según las cifras oficiales, un total de 130 hogares colombianos tuvieron que enfrentar la pérdida avasalladora de sus seres queridos, aguantar con dolor cómo la violencia tocaba a su puerta para llevarse con osadía a un padre, a un hermano, a un hijo, a un amigo, a un líder (111 fueron hombres y 19 mujeres).
Según la Defensoría del Pueblo, durante los primeros 11 meses del presente año, se registraron en el país un total de 130 asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos: 31 líderes comunales, 30indígenas, 16 comunitarios, 14 campesinos y 7 sindicalistas.
El 75% de estos homicidios se presentaron en ocho departamentos, siendo Antioquia el que encabeza la lista con 22 casos, seguido por Cauca con 21, Valle del Cauca con 16, Chocó y Putumayo con 9, Norte de Santander con 8, Nariño con 7 y Caquetá y Meta con 5.
“Si bien es cierto que ha disminuido el número de asesinatos contra líderes sociales, lamentamos profundamente cada uno de los casos por el impacto que tiene sobre las comunidades. Repudiamos esos actos que se dan principalmente por el accionar criminal de los grupos armados ilegales”, declaró Carlos Camargo Assis, defensor del Pueblo.
“Como Estado, no podemos ahorrar esfuerzos en la lucha contra la criminalidad, ni mucho menos para garantizar que los líderes y lideresas puedan seguir adelantando su importante labor en favor del estado social de derecho”, insistió.
En su balance, la Defensoría registró que los homicidios representan el 20% de todas las violaciones a los derechos de los líderes sociales, mientras que las amenazas se consolidan como el principal riesgo para esta población, con el 73% de los reportes.
El porcentaje restante se divide en hechos como atentados, con un 4%; desplazamiento forzado, con el 2% y extorsión, con el 1%; información que, por ahora, fue entregada a la Fiscalía General de la Nación para que adelante las investigaciones necesarias que permitan esclarecer cada uno de los casos.
En el informe, también se detallan ocho territorios en los que, afortunadamente y como debería ser en los demás departamentos, no se presentaron asesinatos; se trata de Bolívar, Amazonas, Vaupés, Guainía, Vichada, Tolima, Cundinamarca y San Andrés y Providencia.
Las cifras no coinciden
Pese al trabajo de la Defensoría, para el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), que realiza de manera permanente la actualización de una base de datos con los nombres, fecha, municipio y departamento en donde sucedieron los hechos, así como el tipo de líder (sindical, cívico, campesino, afrodescendiente y ambientalista, entre otros), la cifra es mucho mayor.
En el listado que publica la ONG en su portal web, a la fecha, serían 162 defensores los que habrían sido asesinados por delincuentes y grupos al margen de la ley. Esto, de acuerdo con información directa e inmediata de las organizaciones sociales a lo largo y ancho de Colombia que reivindican el compromiso de estas personas.
Indepaz también aseguró que el asesinato de líderes sociales aumentó significativamente durante este año, debido a las fallas e incumplimientos en la implementación del Acuerdo de Paz, lo que provocó molestia en el Gobierno Nacional.
En su defensa, el consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, indicó que el informe es impreciso al catalogar que estos actos violentos dependen únicamente de dicha situación.
“Cuando Colombia firmó los acuerdos, los firmó con las Farc, eso es un solo grupo; el ELN ya existía, el ‘Clan de Golfo’ también. Ya existían ‘Los Puntilleros’ y ‘Los Caparros’ y a eso se le suman la desgracia de las disidencias de las Farc. Son estos grupos los responsables de estos ataques. Entonces, pensar en la implementación, en la que el país le ha ido bien por sí misma, pensar que era suficiente para resolver todos los temas de violencia y alcanzar una paz duradera, era solo un titular”, dijo.
Sin embargo, Indepaz responde que, desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016, con corte al 26 de noviembre de 2021, se han registrado 1.270 asesinatos, de los cuales 872, es decir, el 69%, han sido cometidos durante el gobierno de Iván Duque.
Las cifras, bastante distantes y disímiles, generan una gran confusión. ¿Quién dice la verdad? Resulta tan indignante no saberlo como el hecho de que el Estado no sea capaz de aunar esfuerzos y unificar los números ante semejante barbarie.
Un fenómeno con más historia
El presidente de la República, Iván Duque, no titubeó en arremeter contra quienes aseguran que los asesinatos de líderes sociales se incrementaron desde hace cinco años con la firma del Acuerdo del Paz y que, durante su gobierno se reforzó este fenómeno. Pero resulta innegable que la curva de casos tiende más al ascenso que a la baja.
“Y casi cuando se empieza a preguntar sobre el asesinato de líderes sociales, pareciera que fuera un fenómeno que ha ocurrido apenas desde el 2016 a la fecha, pero eso es una falacia y por eso, sabiendo las modificaciones, estadísticas que se hicieron en el pasado es muy bueno sincerarlas”, señaló.
El Mandatario recordó que, durante sus ya casi cuatro años de gestión, se han tomado decisiones para la protección de esa población, insistiendo en que las reducciones obtenidas son un avance y que el trabajo no cesa, un compromiso que ya retumba, con escasa credibilidad, en los oídos de los colombianos. “Es muy importante señalar que en esa lucha hemos avanzado en la protección, sabiendo que los retos siguen ahí, porque muchas veces se ha intentado ocultar el fenómeno”, puntualizó.
Futuro poco prometedor
Así como no se puede afirmar que en los próximos años se dé un crecimiento indefinido del número de asesinatos, tampoco la disminución del último año permite afirmar que ya se revirtió la tendencia al aumento. Aun cuando en el 2019 la cifra disminuyó (134 asesinatos), en el 2020 hubo un importante crecimiento (182 casos). 130 para el 2021, no es un número que tranquilice a la sociedad.
Entonces, frenar las acciones de los grupos armados ilegales contra esta población debe hacer parte del quehacer y las propuestas de los candidatos a las contiendas electorales del 2022 (presidencial y al Congreso de la República), con acciones relevantes que consigan, o al menos se acerquen, llevar a cero los casos de asesinatos de líderes sociales en Colombia.
