El más reciente informe de la Oficina de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) presentó las pérdidas, humanas y materiales, después de las manifestaciones en Colombia. Asimismo, advierte con preocupación que no se tomaron medidas para prevenir ataques armados organizados por terceros y proteger a los manifestantes.
Los colombianos que participaron en las protestas masivas del Paro Nacional, que iniciaron el 28 de abril del presente año y se prolongaron durante varios meses, hasta el 31 de julio, argumentaban la defensa de sus derechos ante un contexto prevalente de profundas desigualdades económicas y sociales de años atrás, que se agudizaron durante la pandemia del Covid-19.
Y justo en ese afán por mantener el orden, los medios de comunicación y redes sociales publicaron diferentes hechos violentos, tanto por parte de las autoridades contra los civiles, como de manera viceversa. Los sucesos socializados recientemente por la ONU han generado incomodidad y molestia al Gobierno Nacional.
Durante ese período de tiempo, la Oficina de Derechos Humanos recibió denuncias por la muerte de 63 personas, de las cuales, a la fecha, se han verificado 46 (44 civiles y 2 policías). De los homicidios documentados, el 76% de las víctimas, es decir, 35 personas, murieron por heridas de bala.
De igual manera, el informe establece que, en al menos 28 de estas muertes, los responsables habrían sido agentes de la Policía y que en 10 de ellas estarían involucrados miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad). Por otra parte, actores no estatales habrían asesinado a 10 personas más, mientras que no existe información suficiente para establecer la autoría de la muerte de las ocho personas restantes.
“Las autoridades colombianas deberían reformar su forma de gestionar las protestas para evitar más pérdidas de vidas y más personas heridas como ha sucedido durante las manifestaciones masivas. Los agentes de las fuerzas de seguridad deben respetar los principios de legalidad, precaución, necesidad, proporcionalidad y no discriminación a la hora de controlar las manifestaciones y de que las armas de fuego solo deben ser utilizadas como último recurso ante una amenaza inminente para la vida o de lesiones graves”, dice el documento.
Para obtener los datos que se presentan a continuación, se realizaron 623 entrevistas con víctimas y testigos, al tiempo que se analizaron 83 videos, incluyendo grabaciones con teléfonos móviles de las protestas e incidentes relacionados con las mismas. Asimismo, se llevaron a cabo 878 reuniones con funcionarios del Gobierno, organizaciones de la sociedad civil y con manifestantes.
Uniformados en la mira de los agresores
La ONU también advierte que 1.712 uniformados resultaron lesionados durante las manifestaciones (1.481 por impacto de elementos contundentes). En 109 de los casos las heridas fueron por arma cortopunzante, 65 por atentado con explosivo o elemento incendiario, 35 por arma de fuego, 12 por arma traumática y 7 por agentes químicos. Cerca del 40% de estas agresiones sucedieron en Bogotá y el 16% en Cali.
Precisamente, en la capital del Valle, el 29 de abril se presentó el ataque sexual a una mujer uniformada. En Bogotá, el 4 de mayo, se registró el secuestro simple de 11 uniformados de la Policía Nacional, por parte de manifestantes.
Bienes públicos y privados destruidos
Según información de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, del 28 de abril al 10 de septiembre se reportaron 2.049 bienes privados destruidos (491 establecimientos comerciales, 463 oficinas bancarias, 445 cajeros automáticos y 318 ambulancias, entre otros), 2.492 bienes públicos destruidos (1.416 de transporte, 277 estaciones de transporte, 179 infraestructuras gubernamentales y 30 bienes culturales) y 787 bienes policiales destruidos.
Además, a lo largo y ancho del país se presentaron daños o retenciones a ambulancias (que en varios casos transportaban pacientes); daños a infraestructura de centros médicos; hurto de insumos y demora en la remisión de pacientes.
El Ministerio de Defensa Nacional informó que, a 9 de junio, promotores de los disturbios habían generado 315 hechos de afectación directa e indirecta a misiones médicas en los departamentos de Antioquia, Boyacá, Cauca, Cesar, Cundinamarca, Guainía, Huila, Meta, Nariño, Norte de Santander, Santander, Tolima y Valle del Cauca, el territorio más afectado.
Duro golpe a la economía
Sin lugar a didas, uno de los sectores más afectados fue el de la economía. Los bloqueos y cierres de vías en el país generaron un alto desabastecimiento, así como la pérdida y desperdicio de alimentos, razón por la que aumentaron los precios en la totalidad de los productos de la canasta familiar, debilitando el bolsillo de los hogares colombianos.
En este sentido, el Ministerio de Agricultura señaló que, durante el Paro Nacional, a las centrales de abastos del país ingresó la menor cantidad de alimentos por día registrada en los últimos tres años. El impacto económico consolidado desde el 28 de abril al 4 de junio habría ascendido a los $11,9 billones.
Entre los productos que generaron mayores pérdidas estuvieron los lácteos, que dejaron de acopiar cerca de 47 millones de litros de leche, siendo Cundinamarca, Boyacá, Cauca, Nariño y Valle del Cauca los departamentos más afectados. También se presentaron problemas por el represamiento de arroz en la región del Casanare y el Ariari, elevando el precio de uno de los productos preferidos en el plato de los colombianos.
En Colombia no hay un entorno seguro
La ONU también es clara en afirmar que el Gobierno Nacional no logró mantener un entorno seguro para los manifestantes, razón por la que le pidió “mayor compromiso en la protección, real, de los derechos humanos, incluyendo el derecho a la vida y a la seguridad personal, sin discriminación, y la obligación de facilitar el ejercicio del derecho a la reunión pacífica.”
“Las autoridades colombianas deberían tomar las medidas necesarias para garantizar que las instituciones encargadas de gestionar las protestas, en particular la Policía Nacional, solo recurra a la dispersión de manifestantes en estricto cumplimiento con las normas internacionales de derechos humanos”, indica.
Frente al correctivo de la ONU, la vicepresidenta y canciller de la República, Marta Lucía Ramírez dijo que “este es un gobierno que rechaza la muerte de cualquier colombiano, que se conduele con la pérdida de vidas en el desarrollo de protestas, porque son familias que han perdido a un ser querido”.
Pero más allá de cordiales palabras, el país necesita acciones que demuestren que la pérdida de estas vidas no será una cifra más.
Incluso, la Oficina de Derechos Humanos puso nuevamente sobre la mesa la posibilidad de transferir la policía del Ministerio de Defensa a una autoridad civil, con el propósito de mejorar los mecanismos internos de supervisión y rendición de cuentas para garantizar la protesta social, pacífica.
