Tras cinco meses de la sanción presidencial, el Ministerio de Salud y Protección Social aún no dice nada sobre su reglamentación. No encuentra ese punto intermedio entre lo que la industria de alimentos acepta ceder y el derecho de niños y adolescentes de saber cómo se alimentan.
Por María Teresa Blanco Peñaranda
Aparentemente, la ley que marca un importante hito en las políticas de salud, pues su enfoque se centra en la garantía de los entornos saludables para proteger el derecho a la alimentación y nutrición adecuadas, a través de la adopción de medidas efectivas, como en este caso, el etiquetado frontal de advertencia, se está enredando y aunque no existe una única causa, si saltan varias a la vista.
Como medida inmediata de respuesta y presión, la corporación sin ánimo de lucro Red PaPaz lanzó la plataforma ‘Entre Todos’, con el propósito de que los colombianos, quienes así lo quieran, puedan enviarle un correo electrónico al ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez, para pedirle que lidere, con rigor científico y agilidad, la reglamentación de la Ley de Comida Chatarra, es decir, que deje de hacerse el de la vista gorda frente al tema.
La norma, que fue aprobada por el Congreso de la República el pasado mes de junio y promulgada el 30 de julio en el Diario Oficial como la Ley 2120 de 2021, a la fecha, no ha sido reglamentada. Ni siquiera hay avances, lo que sí hay son trabas, como si el tema se hubiese enfrascado en un laberinto sin salida.
¿Cómo debe ser la reglamentación?
Según Red PaPaz, organización que nació en el 2003, la norma que se expida debe ser aplicable a todos los productos comestibles o bebibles, clasificados de acuerdo con el nivel de procesamiento, en la cual:
- Se dé información clara, veraz, oportuna, visible, idónea y suficiente sobre sus componentes, es decir, no solo sobre los nutrientes críticos como azúcares, sodio y grasas saturadas, sino también sobre otros componentes de preocupación en salud pública, como los edulcorantes.
- Adopte un etiquetado de alto impacto preventivo, claro, visible, legible, de fácil identificación y comprensión para los consumidores, y con mensajes inequívocos.
- Defina la forma, contenido, figura, proporción, símbolos, textos, colores, tamaño y ubicación de los sellos, basándose en la mayor evidencia científica disponible y libre de conflictos de interés.
- Establezca puntos de cortes o valores máximos de azúcares, sodio o grasas saturadas basándose en la mayor certeza científica disponible libre de conflictos de interés, incluida la suministrada por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Sin embargo, aunque está claro lo que debe decirse y la manera en que debe presentarse, algunos intereses políticos, económicos y hasta sociales de las altas esferas en el país, impiden el bienestar de quienes los eligieron en las urnas.
“Esta pobre ley se embolata, cada pasito que da nos la tratan de embolatar. Entendemos que existen intereses muy, muy grandes, por la reglamentación de la ley, pues ya una vez aprobada, lo que le toca al Ministerio es reglamentarla en 12 meses”, explicó Carolina Piñeros, directora Ejecutiva de Red PaPaz.
Los opositores de la reglamentación
La industria de alimentos se opone, de frente, a la idea de tener que contarles a sus consumidores lo que realmente comen, les atormenta pensar en cuánto pueden verse afectadas sus ventas cuando los padres de familia, adultos, jóvenes y los mismos niños comprendan que esos productos que aparentan ser “ricos en vitaminas” son más ricos en azúcares.
A la presión que recibe el Gobierno Nacional para que no se reglamente, se suman también otros gremios y empresas de reconocimiento nacional enfocadas en publicidad y distribución de dichos productos. Mientras que también presionan los que a gritos piden su reglamentación.
“Hay que entender que los congresistas, sus campañas políticas, son pagadas por esta industria, incluso la del Presidente. Entonces los partidos políticos tienen compromisos, lamentablemente. A uno no le suena raro, pero es una realidad, aunque ellos tienen el mandato de ser servidores públicos, de estar pensando en la salud de todos, realmente las decisiones que toman no son en ese sentido y es lo que ha pasado con la Ley de Comida Chatarra”, agregó Piñeros.
Ahora bien, no se trata de una solución a medias. El Gobierno Nacional, por excelencia audaz y según su conveniencia, un mes antes de la sanción presidencial y previendo que la aprobación de la norma se daría, luego de cinco años de amplia lucha, expidió la Resolución 810 de 2020, que pondría en jaque la tan anhelada Ley de Comida Chatarra.
Zancadilla a la ley
La Resolución es el resultado de un acuerdo que hicieron los ministerios de Salud y de Comercio con la industria de alimentos; empresas que, a vísperas de que fuera una realidad la nueva legislación, aceptaron que existiera un etiquetado, pero con ciertas características en beneficio de ellos mismos, especificando que se reemplazaría la palabra “Exceso de” por “Alto en”.
Frente a esto, sin titubeos, la líder de Red PaPaz, arremete explicando que “la Resolución es como una jugadita para la ley, es una trampa. Cuando se emite una nueva ley, cualquier reglamentación o decreto en el mismo sentido quedaría derogado. Lo que están tratando de hacer es decir aquí está la ley, aquí está el etiquetado y eso es una jugadita tramposa, pues ya debería quedar derogado y reglamentarse con la evidencia científica”.
En sus incisos, la Ley de Comida Chatarra es clara en decir que el etiquetado debe hacerse basado en la mayor evidencia científica que exista, sin conflicto de interés y acorde a los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Solo de esta manera se lograría desestimular el consumo de alimentos ultraprocesados.
Matizando la norma
Pese a la claridad de la literatura, el Gobierno intenta omitir dichos parámetros e ignorar los resultados de un estudio realizado por la Universidad Javeriana con la Universidad Carolina del Norte, en los que se encontró que la expresión “Alto en” y los símbolos en forma de círculos para advertir resultaban confusos, no eran tan efectivos como los octágonos que dicen “Exceso en”.
“Los octágonos, sin darle siquiera ninguna explicación a la gente, el 49% las personas lo entendían, muy contrario a los círculos, cuando tan solo el 21% lo comprendía. La diferencia es abismal, por eso le dijimos al Gobierno, basados en la evidencia, tenemos que irnos por un etiquetado que las personas lo entiendan”, añadió la Directora de Red PaPaz.
Adicionalmente, la academia en Colombia ha dicho que la frase “Alto en” es sinónimo de algo positivo, basta con recordar los más famosos comerciales de productos: “alto en vitaminas”, “alto en nutrientes”, muy contrario a la palabra “exceso”, que genera alerta y atrae la atención de quien lo lee.
Aun así, con esta evidencia, las empresas continúan empecinadas y cobijadas por la polémica Resolución 810 de 2021, en emplear un etiquetado que no es congruente con el objetivo de la ley, advertir al ciudadano sobre los componentes del producto.
No se trata solo de un tema fit
Este tipo de políticas ya se están implementando en Chile, Perú, México y Uruguay, logrando una reducción en el consumo de dichos productos. Según un estudio reciente en Chile, la cantidad de productos y bebidas con alto porcentaje de nutrientes críticos disminuyó del 51% al 44% después de la implementación de la Ley de Etiquetado y Publicidad de Alimentos.
Este es un tema 100% de salud, de bienestar y de buenos hábitos para el resto de la vida. El consumo habitual de productos y bebidas procesadas, es decir, con exceso de azúcar, sodio, grasas saturadas y edulcorantes, promueven que las personas, sin importar la edad, adquieran enfermedades como el sobrepeso y la obesidad.
Por su parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde) reveló que las niñas y niños con un peso excesivo obtienen peores resultados escolares, se ausentan más de las aulas, el riesgo de que sufran acoso escolar se triplica y, al crecer, sus posibilidades de conseguir una titulación universitaria son menores.
En el mismo sentido, la Encuesta Nacional de Situación Nutricional (Ensin), que se hizo por primera vez en Colombia en el año 2005, mostró que Colombia dejó de ser un país exclusivamente con desnutrición a tener también sobrepeso y obesidad, es decir, pasó a ser un país con mala nutrición. Pero lo más triste es que hay niños que sufren de obesidad y sobrepeso al tiempo en el que carecen de nutrientes críticos, los esenciales para el desarrollo del cerebro y su crecimiento.
En el 2010 se repitió la encuesta, determinando que uno de cada seis niños entre 5 y 12 años tenía exceso de peso, cinco años después, en el 2015, la cifra aumentó a uno de cada cuatro niños. ¿Cuál es el panorama actual? Esperar que la medición vuelva a realizarse, pues está pendiente desde el año pasado.
Y es que, si no se hace nada, si la Ley de Comida Chatarra se olvida y se deja empaquetada, no hay quien frene los índices de sobrepeso, obesidad y mala nutrición, empeorando los índices de salud pública.
Que la presión no provenga solo de las grandes empresas. Esta es la oportunidad para que el ciudadano de a pie se haga sentir frente a un tema que le atañe, que afecta a los integrantes de su familia y seres queridos, un tema que podría cambiar.
Si usted también quiere escribirle al Ministro de Salud, puede hacerlo a través del siguiente link: https://entretodos.redpapaz.org/cartas/es/reglamentacion-de-la-ley-2120-de-2021/envio-carta/
