En tiempos de emergencias y coletazos por diversos aspectos de la realidad del país, se registra a diario y en la totalidad de puntos cardinales, la precaria prestación de los servicios de salud; un común denominador, una constante social que golpea a todos los colombianos.
Los usuarios ya no aguantan más la tramitología para acceder a este derecho constitucional. La falta de oportunidad en la agenda con especialistas y servicios hacen que millones de ciudadanos padezcan un viacrucis en busca de autorizaciones. Los aseguradores no quieren gastar y los prestadores no hacen su tarea por falta de flujo de recursos, lo que hace que la demanda supere la oferta en la totalidad de clínicas, hospitales y centros de salud, tanto en el contributivo, como en el subsidiado y en regímenes especiales.
Razones suficientes para acabar con las barreras de acceso y dar cumplimiento a la delegación que el Estado le ha dado a las entidades aseguradoras y prestadoras. Los usuarios no pueden seguir pagando los errores de un sistema macabro. La salud es un derecho que debemos defender.
El trámite de citas, tratamientos y medicamentos debe ser inmediato y el documento de identidad el único requisito para ser atendido en la red de salud. Es momento de intervenir los nefastos sistemas y estrategias maquiavélicas que frenan los procedimientos.
Un colombiano esperanzado y necesitado de una cita, tratamiento o medicamento, gasta lo poco que ha devengado en llamadas a centrales telefónicas sin respuesta, en largos desplazamientos a las cabeceras de la red hospitalaria y en acceso a una ventanilla sin resolutividad. Las soluciones no dan espera.
La acción de tutela debe ser una alternativa para la garantía de derechos; por ende, no el único mecanismo para cumplir con las responsabilidades naturales del sistema de salud. Los jueces de Colombia no están para ser la solución de la negligencia administrativa.
En el primer trimestre de 2023 será radicado en el Congreso de la República el proyecto de ley que busca hacer una reforma de fondo al sistema de salud, escenario que nos permitirá legislar en favor de los usuarios. Tenemos claro que la paz se logra con políticas efectivas desde lo social y corrigiendo estas problemáticas. Por ello, buscaremos darle un medicamento que cure de fondo la crisis del sector.
La realidad indica que el trámite para una cita con especialista tarda tanto, que cuando el usuario al fin logra acceder, la autorización ha vencido. No podemos seguir jugando con la salud y vida de los colombianos.
La cirugía que vamos a proponer debe intervenir los protocolos de humanización, la red de atención, los efectos de la contratación, el flujo de recursos entre el estado, las EPS e IPS; la oportunidad del servicio, la entrega de medicamentos, el mecanismo para acceder a las autorizaciones, la efectividad en el sistema de referencia, el pago justo a profesionales de la salud y el apalancamiento financiero de la Nación, entre otros aspectos vitales que beneficien a los ciudadanos colombianos.
Para cambiar a Colombia, empecemos por la salud. El nuevo esquema debe pasar de ser un sistema rentable financieramente entre los actores a uno que ofrezca servicios con calidad, oportunidad y humanización. Desde la Cámara de Representantes estamos dispuestos a trabajar en las soluciones.
Aprovecho este espacio para convocar a los ciudadanos, profesionales del sistema de salud en todos su niveles y veedores del sector, a que nos presenten sus casos y sus aportes. Escríbanme al correo julio.salazar@camara.gov.co para que entre todos elevemos una petición común y unidos hagamos que se den las transformaciones. Llegó la hora de mirar a la salud con otros ojos.
