Como sociedad, tenemos una deuda histórica en justicia y equidad para nuestras mujeres rurales, claves en la búsqueda de un mundo sin hambre y sin pobreza.
Margarita es una mujer de 55 años, habitante de un municipio de sexta categoría, en una zona de conflicto; madre de 6 hijos y viuda. Su esposo le dejó un predio que logró colonizar hace algunos años y aunque hoy no lo tiene legalizado, ha sido el medio de sustento en su vida.
Y es que ella hace parte de ese selecto grupo de mujeres que responden por cerca de un millón de hogares en este país. Con esfuerzo, desde que enviudó, ha sembrado de todo, ha luchado, la ha guerreado para sobrevivir y sacar a sus hijos adelante, se ha enfrentado a todas las dificultades imaginables: que se perdió la cosechita, que la helada se la quemó, que el precio no sirvió, que los insumos se encarecieron, que en el banco no le aprobaron el crédito, que una cosa y otra; pero jamás ha dejado de trabajar labrando la tierra para garantizar la seguridad alimentaria de este país, un país de mujeres hábiles, trabajadoras y fuertes, un país de heroínas valientes y ocultas.
En Colombia, las mujeres campesinas, habitantes de las áreas rurales, tienen grandes dificultades para potencializar sus capacidades en el territorio, generando una situación de retraso para el desarrollo social y local.
Históricamente, se viene evidenciado un continuo rezago y olvido en las zonas rurales, afectando, a su vez, la calidad de vida, los ingresos y el bienestar de la población campesina. Por este motivo, el campo se encuentra asociado a un contexto de pobreza y precariedad laboral. Para el 2016, por ejemplo, el DANE registró una tasa de informalidad laboral en este sector del 90%. Sumado a esto, el campo colombiano posee un contexto de desigualdad de género, que implica una situación de invisibilidad para la mujer campesina, vulnerando sus derechos fundamentales.
Ahora bien, revisando los indicadores, en Colombia, el 24,2% del total de la población se ubica en zona rural; las mujeres constituyen el 48,13% y los hombres el 51,87%, es decir que 5,7 millones de mujeres se encuentran en el campo colombiano. Una cifra aún más preocupante se refiere a que cerca del 40% de las mujeres habitantes de zonas rurales se encuentran en una condición de pobreza.
Las mujeres en la ruralidad tienen un mercado laboral desfavorable, enfrentando tasas de desempleo muy altas, siendo la mayoría inactivas en el mercado laboral y dedicadas a actividades no remuneradas.
Podemos concluir que la mujer campesina en Colombia posee una doble discriminación: (1) por su condición de género; y (2) por la zona en la que habitan, que ha sido fuertemente azotada por el conflicto armado.
Aunque el Gobierno Nacional ha buscado la inclusión de la mujer rural, esto no ha sido suficiente al momento de subsanar la problemática enfrentada por las campesinas, debido a que el presupuesto dedicado a las mismas es insignificante dentro del que realmente se necesita, lo que indica proyectos con poca cobertura y nulos resultados.
Es por esta razón que debemos cambiar la perspectiva de las mujeres de la ruralidad, otorgándoles la importancia que merecen. Es necesario unir esfuerzos y, sobre todo, voluntades políticas que permitan la ejecución de programas, proyectos y acciones enfocadas en mejorar las condiciones de ingresos, calidad de vida y bienestar; así como el diseño de estrategias de cultura política direccionadas a fortalecer y reivindicar el papel de la mujer en este país.
A la mujer hay que reconocerle su papel como pilar fundamental en el desarrollo del sector agropecuario y productivo en el medio rural, por demás, importante en la economía del país. Así pues, los esfuerzos deben estar dedicados al componente práctico, en donde se debe destinar un mayor presupuesto a los proyectos en los que ellas deben ser las protagonistas, consintiendo estrategias de financiación, acompañamiento y asistencia técnica para mejorar su situación.
Hay que comprometernos con las campesinas de nuestro territorio, con las mujeres de la ruralidad, con esas guerreras y luchadoras, mujeres valerosas, que día tras día le aportan a esta Patria. Su empeño es enorme y la compensación no es la justa. Estamos seguros y convencidos de que con determinación y voluntad política se pueden hacer las intervenciones necesarias para transformar esas realidades que no permiten el bienestar que merecen.
Hay que ampliar la oferta institucional y el apoyo a los proyectos productivos con acciones reales, concretas, tangibles y sostenibles, velando siempre por sus derechos. De su mano, será más fácil lograr el equilibrio entre el desarrollo social, ambiental y económico; hay que retornarles, con creces, todo el sacrificio que por siglos le han donado a una Nación donde no ha sido posible reducir las brechas entre el campo y ciudad, pero tampoco entre hombres y mujeres.
Las reformas rurales deben ser integrales, con enfoque territorial y de género, deben estar dirigidas a salvaguardar los intereses y demandas del territorio y de su gente. Y en este sentido, mejorar las oportunidades de quienes habitan, producen y sobreviven en la ruralidad, para así fortalecerlas, a ellas, a nuestras Policarpas, Antonias, Manuelas y Margaritas.
¡Gracias mujeres por su trabajo, gracias por la siembra, ya vendrá la cosecha!
Por Julio Roberto Salazar Perdomo
Ingeniero civil
Especialista en Medio Ambiente
Estudiante maestría en Gerencia para el Desarrollo
