Colombia atraviesa por uno de los más altos recrudecimientos en todas las formas de violencia; algo paradójico si tenemos en cuenta que la firma del Acuerdo de Paz tenía como propósito dar por terminada la guerra. Pero pudo más la polarización y los egos, que la materialización de este gran propósito nacional.
A esta utopía de la paz se sumó el coletazo de la postpandemia, que hoy se representa en hambre, pobreza, desesperanza, desempleo y graves problemas en materia de salud mental, lo que se convierte en una amenaza para todos los puntos cardinales de la Patria.
Por otro frente, resistimos el impacto de la ola invernal, que empeora la situación social cuando las miradas de los gobiernos departamentales y municipales deben concentrarse en salvar vidas, en atender problemáticas asociadas a la tragedia y en fortalecer temas de mitigación.
En medio de este mar de circunstancias, crecen y se fortalecen los grupos al margen de la ley, quienes legitiman su presencia en la ruralidad a través de las armas, usando como combustible el narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión y el secuestro; dinámicas que crean falsas economías, poniendo en alto riesgo a la población, especialmente a los campesinos, quienes por proteger sus vidas y las de sus familias deben dejarlo todo y desplazarse a las grandes capitales en búsqueda de protección y nuevas oportunidades.
Ante semejantes escenarios, desde el Congreso de la República, acompañamos el marco normativo para entregarle los instrumentos al Presidente Petro, que le permitan negociar con los operadores armados y reducir el impacto del conflicto interno. Porque no pueden seguir siendo las comunidades más vulnerables las que sigan recibiendo los impactos de una confrontación sin sentido.
Bajo esta premisa, aprobamos las bases para una política de paz que, a su vez, se convierta en una política de Estado; un marco jurídico que compromete a las autoridades de todas las ramas y niveles del poder público, a orientar sus actuaciones en pro de las soluciones a esos grandes problemas que requieren una intervención de fondo, es lo que se denomina: la Paz Total.
Con lo ya viabilizado desde esta Corporación, los diferentes gobiernos deberán garantizar la continuidad de las políticas públicas de paz y, en consecuencia, tendrán el deber de concluir aquellas que sean fijadas por administraciones precedentes.
También se establece que los representantes autorizados por el Gobierno Nacional podrán adelantar diálogos y firmar acuerdos con los grupos armados al margen de la ley para su reincorporación a la legalidad y podrán ser supervisados por instancias internacionales, buscando de esta manera, reducir la violencia y callar los fusiles.
En todo este sinnúmero de avances normativos, encontramos una muy buena noticia para las familias colombianas, en especial, para los jóvenes que deben definir su situación militar.
Hemos aprobado en la Plenaria de la Cámara de Representantes una nueva alternativa denominada “Servicio Social Para la Paz”. Con esta iniciativa, el servicio militar se podrá prestar mediante alfabetización digital en zonas rurales o urbanas, trabajo con la población víctima del conflicto armado, acciones de protección de la naturaleza o acompañamiento a procesos con víctimas de violencia sexual, entre otros campos a reglamentar.
La nueva modalidad tendrá una duración de 12 meses; el joven que opte por esta alternativa, al finalizar el proceso, recibirá una certificación que será equivalente a la libreta militar.
Están dadas las facultades y las herramientas, solo esperamos que sus ejecutores las lleven a buen puerto; a ese mañana promisorio que todos anhelamos, con garantía de derechos y oportunidades en igualdad de condiciones, donde la paz deje de ser una palabra y se convierta en la acción de cada día, en la realidad que aplaudan los habitantes de cada hogar colombiano.
