Mientras que en impuestos de personas naturales no habría ajustes para el debate en plenarias, los impuestos al petróleo, carbón y a las zonas francas, entre otros, concentran la atención para el debate definitivo.
En los primeros días de noviembre el Congreso define la suerte final de la reforma tributaria, un proyecto requerido según el Gobierno para el desarrollo de las políticas de cierre de brechas sociales que se propusieron en la campaña electoral, pero cuyo trámite ha tenido álgidas polémicas por las implicaciones que puede tener para el crecimiento, la generación de empleo y la inversión, al concentrar la mayor parte del recaudo en el sector empresarial.
Luego de la aprobación en primer debate, el proyecto, que fue radicado con una meta de nuevo recaudo de 25 billones de pesos, salió peluqueado, como ocurre casi en todos estos procesos; la cifra bajó a 21,5 billones de pesos.
Y ahora, previo al trámite en las plenarias simultáneas del Senado y la Cámara, el monto ya está en 20 billones de pesos, según el presidente Gustavo Petro. El debate está concentrado en el exceso de tributación, frente a otros países, para el sector del petróleo y el carbón, en el régimen de zonas francas especiales, en los impuestos a las actividades económicas que desarrollan las iglesias por fuera de su actividad central y en los gravámenes saludables a los alimentos azucarados y ultraprocesados, por sus efectos en los ingresos de los pequeños tenderos.
Entre los temas que están prácticamente cocinados y que no tendrían ajustes de cara a la ponencia para segundo debate están las nuevas contribuciones a cargo de las personas naturales, que pondrían 2,9 billones de pesos al recaudo total proyectado por la reforma, a partir del 2023.
Aportes de personas naturales
En este sentido, según lo que aprobaron las comisiones económicas conjuntas de Senado y Cámara en el primer debate, por impuesto de renta llegarán 1,8 billones de pesos, mientras que por el impuesto de patrimonio fluirán al fisco 970.000 millones de pesos el primer año.
Según explicó el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, al término de la votación en estas células legislativas, aunque la idea original era que iban a tener que pagar más impuestos quienes reciben ingresos al mes por encima 10 millones de pesos, ahora el umbral para comenzar a tributar más subió y será desde 13 millones de pesos.
“El efecto es sobre los que tenemos más altos ingresos. Esta tributaria solo afecta al 1,4 por ciento de las personas”, recalcó el Ministro en su momento.
Para calcular las tasas del impuesto al patrimonio, este será progresivo con tarifas marginales, con lo cual tendrá una tarifa del 0,5 por ciento para los patrimonios de más de 3.000 millones de pesos; de 1 por ciento para los de más de 5.000 millones de pesos, y de 1,5 por ciento para aquellos que sobrepasen los 10.000 millones de pesos.
Impuestos saludables y ambientales
Entre tanto, luego del primer debate y previo a las plenarias, se mantienen por ahora las metas para los llamados impuestos saludables, con los que se busca gravar aquellos alimentos y bebidas ultraprocesados, que contienen altas concentraciones de azúcar y de sodio, entre otros elementos que generan obesidad y otros problemas de salud.
Por esta vía, el Gobierno prevé recoger 1,2 billones de pesos para el 2023, de los cuales 578.000 millones de pesos son por concepto de ponerle un impuesto a las bebidas azucaradas y 689.000 millones de pesos llegarían por los tributos a los alimentos ultraprocesados.
Tras el primer debate salieron de la lista original alimentos populares como el salchichón, la mortadela, la butifarra y el arequipe, pero siguen otros como los productos de pastelería, las confituras o los helados. Las tarifas previstas para estos serán del 10 por ciento en el 2023, del 15 por ciento en el 2024 y del 20 por ciento en el 2025.
Respecto a los tributos ambientales, el Ministerio de Hacienda espera recaudar 84.000 millones de pesos en el 2023, que subirían a 335.000 millones en el 2026. Por un lado, siguen los tributos a los plásticos de un solo uso (143.000 millones de pesos). Por el otro, se ve una caída en el impuesto al carbono debido al congelamiento inicial de las tarifas de Acpm y gas natural.
Pensiones salen de las cuentas
Y aunque la decisión de gravar las pensiones de más alto valor quedó en la votación realizada durante el primer debate parlamentario, el lobby político desde diversos sectores logró sacar de la segunda ponencia la iniciativa que ponía a pagar renta a las mesadas mayores a los 13 millones de pesos, proceso en el que, según fuentes, pesaron las implicaciones de inconstitucionalidad, ya que es pequeño el porcentaje de quienes reciben una mesada por encima de ese valor.
En este sentido, Luis Fernando Mejía, director del centro de Estudios Económicos de Fedesarrollo, llama la atención en el sentido de que el gasto público que más empeora la distribución del ingreso en Colombia es el de los subsidios pensionales.
“El 73,1 por ciento de los subsidios en pensiones son entregados al 40 por ciento de más altos ingresos en el país. Vale la pena continuar haciendo pedagogía sobre esto para próximas reformas”, indicó el economista.
Petróleo, carbón y otros temas en el último hervor
Para el debate de la reforma tributaria en las plenarias del parlamento colombiano los focos apuntan a la definición de los impuestos que finalmente pagarán las industrias del petróleo y del carbón por concepto de sobretasa de renta.
Ahora la idea del Gobierno es que, si el precio del barril de petróleo en el año gravable supera el 30 por ciento del promedio de los últimos 20 años, la sobretasa de renta es de 5 puntos porcentuales; si supera el 60 por ciento, se aplica una tarifa de 10 puntos porcentuales; y cuando los precios internacionales bajen, desaparece esa sobretasa.
Pero según la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), la nueva propuesta fija una sobretasa que varía con base en el precio internacional del petróleo de los últimos 20 años y corresponde a una sobretasa de 5, 10 y 15 puntos.
Sin embargo, se mantiene la idea de eliminar la deducibilidad de las regalías, que les permite a todas las compañías, incluyendo Ecopetrol, descontar de su impuesto de renta los costos que implica para su actividad pagarle esta contribución al Estado, que es como un arriendo por el derecho a explotar el recurso natural, que luego se reparte entre las regiones.
Para la ACP, esta propuesta es un 115 por ciento más costosa para las empresas que la inicialmente radicada por el Gobierno para los hidrocarburos y 5 por ciento más gravosa que lo aprobado en primer debate, con lo cual el recaudo esperado para 2023 por estas dos medidas (sobretasa 15 puntos y prohibición de deducibilidad de regalías) será de 9,6 billones Vs 9,1 de la propuesta en primer debate.
“El sobrecosto de prohibir la deducción de la regalía del impuesto de renta tiene un efecto exponencial porque debe calcularse a una tarifa de impuesto de renta del 50 por ciento para los próximos 2 años y posteriormente a una tarifa de 45 por ciento (35 por ciento más sobretasa de 15 – 10 puntos, respectivamente)”, asegura la agremiación.
Una posición similar tiene Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), porque señala que 10 puntos de sobretasa es desproporcionado e inequitativo frente a otros sectores, por lo cual se ha propuesto una sobretasa de 5 puntos, al tiempo que se mantenga la deducibilidad de las regalías, ya que no hacerlo va en contra de lo establecido por el Consejo de Estado y de la dinámica mundial alrededor de la industria minera.
Las preocupaciones de comerciantes y tenderos
Y si bien en materia de los impuestos saludables ya todo parece estar jugado, los tenderos, representados por Fenaltiendas, dicen que los precios de los productos que tienen mayor rotación se incrementarían de manera sustancial, bajaría el consumo y, en consecuencia, sus ingresos caerían. Se calcula que se puedan perder hasta 1,8 millones de empleos y que hasta 250.000 tiendas de barrio formales queden en riesgo de desaparecer.
Además, según Fenalco, no tiene sentido que, mientras que para el IVA en plataformas como Amazon se quitó la condición de que la exención se aplique solo a los productos menores de 200 dólares, efectivamente hechos en Estados Unidos, por el otro lado se suban los impuestos a las personas naturales y a empresas para cubrir las necesidades sociales.
Igualmente, la Cámara de Usuarios de Zonas Francas de la Andi, recuerda que en la construcción de la ponencia para primer debate se habló de que la tarifa diferencial de renta del 20 por ciento para zonas francas estaba amarrada al cumplimiento de unos umbrales de ingresos máximos por ventas el territorio nacional del 60, 40 y 20 por ciento, que no se pueden cumplir, porque no se puede perder de vista que el 90 por ciento de las empresas en zonas francas son mipymes.
Igualmente, teniendo en cuenta las zonas francas especiales, cuya actividad no tiene vocación exportadora, como la energía, las refinerías, los prestadores de servicios de salud, prestadores de servicios de logística, biocombustibles y data center.
Y, finalmente, entre los puntos polémicos también está la posibilidad de que las iglesias empiecen a tributar cuando realicen otro tipo de actividades que no sean religiosas.
