A un año de llevarse a cabo las elecciones territoriales, la campaña preelectoral parece no tener este prefijo. Precandidatos a todas las dignidades (gobernaciones, asambleas, alcaldías, concejos y edilatos) empezaron a mover sus fichas como si el tiempo los persiguiera para aniquilarlos. “Amarrar” un aval se ha convertido en la lucha principal; los políticos que los otorgan –con el pecho hinchado– aceptan desayunos, almuerzos, cenas o paseos por los pasillos de sus corporaciones a fin de escuchar a los posibles candidatos que representarán a sus partidos en el departamento y en los 116 municipios de Cundinamarca.
Lo aberrante de esta situación no solo es el desgaste de los mismos candidatos sumado a la incomodidad del electorado por tener que aguantar estas campañas a tan prematuro tiempo; también lo es la estrategia sucia (hablar mal del otro para impedir el aval) en la mayoría de los casos, las traiciones entre los equipos políticos y, por su puesto, el derroche de dinero –que vaya uno a saber de dónde sale tanto– para soportar un año los gastos en los que obligatoriamente se incurre por cuenta de desplazamientos, eventos, comida, licor, compromisos sociales y hasta publicación o entrega de publicidad (a la que ya se atreven los más descarados).
“Es increíble lo que está pasando, salieron primero los candidatos que el calendario electoral”, le comentó a este medio un exprocurador consultado. ¿Pero qué tan legal o sano es iniciar antes de tiempo esta puja por el poder político territorial? Analizamos el escenario y les entregamos a los ciudadanos las herramientas de defensa.
Gobernadores, diputados, alcaldes, concejales y ediles
El próximo domingo, 29 de octubre de 2023, se llevarán a cabo las elecciones territoriales. Los colombianos tendrán la responsabilidad de elegir los nuevos gobernadores, diputados, alcaldes, concejales y ediles. Sin embargo, llama la atención, mediática y jurídica, que muchos de estos precandidatos ya iniciaron su campaña, cuando la ley es clara en decir que esta operación solo tendrá un tiempo prudente de tres meses antes de la elección, lo que quiere decir que la comunidad tendría que empezar a discernir por quién votar hasta el mes de julio de 2023. Pero no, los líderes políticos y la gente de a pie ya empezaron la subasta por saber quiénes los van a gobernar.
A la fecha, se muestran candidatos sin arrojo de vergüenza, o más atrevidos, que ya pican en punta y levantan los brazos de la victoria, cuando ni siquiera tienen garantizados los avales (que legítimamente firmados se oficializarán a finales de mayo o comienzos de junio de 2023) o no cuentan con las firmas que los acrediten dentro de un grupo significativo de ciudadanos.
No se entiende entonces cómo y de dónde salió la idea de iniciar los procesos electorales de 2023 como si de una carrera a muerte se tratara. Además de activarse las dinámicas propias del ejercicio electoral, con el incremento de gastos –no registrados– que ya mencionamos, se constriñe de fondo al elector por un tiempo superior, no se respeta lo establecido por la ley y, lo más grave, no se les permite a los gobiernos actuales terminar de ejecutar sus planes de desarrollo con calma, distrayéndolos de las difíciles realidades sociales que atraviesan, por vigilar los procesos electorales prematuros.
Activan plan de vigilancia e intervención
Ante semejante situación, la Procuraduría General de la Nación hizo un llamado a las autoridades electorales y a las administraciones locales y departamentales, para que se prioricen las actividades propias de su función pública, como lo son, entre otras, la organización del proceso electoral, las garantías y el control sobre la inscripción de cédulas, con el fin de evitar la trashumancia electoral, así como el control de la propaganda de expectativa y, sobre todo, la financiación indebida de las campañas electorales.
En este sentido, el Ministerio Público ha previsto, para las elecciones del 2023, el desarrollo de un plan de vigilancia e intervención en todo el territorio nacional, a través del Sistema Nacional de Vigilancia Electoral, que estará coordinado directamente por la Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, articulado con las diferentes entidades encargadas de ejercer el control (personerías municipales y distritales y la Defensoría del Pueblo).
La entidad también ordenó que se activen los Comités Regionales, Distrital y Provinciales de Control Electoral, que serán integrados por las procuradurías territoriales y personerías, encargados de realizar la vigilancia preventiva e intervención en todos los municipios del país, a las cuales la ciudadanía y actores del proceso electoral pueden acudir para informar sobre hechos relacionados con la indebida intervención en política, la utilización de recursos públicos o la falta de garantías para ejercer el derecho a la participación.
“La Procuraduría les recuerda a las diferentes autoridades que tienen como función la organización, el mantenimiento de la convivencia ciudadana o el control sobre el proceso electoral, la necesidad de expedir los respectivos actos administrativos para regular las actividades propias de sus funciones en las distintas etapas propias del proceso, y las gestiones presupuestales y de planeación, que les permitan disponer de los bienes, servicios y de la logística necesaria, teniendo en cuenta que el calendario electoral inicia un año antes de las votaciones, con la actualización de la residencia electoral, esto es, el 29 de octubre de 2022”, señala, en uno de los apartes el comunicado.
Lupa a la inscripción de cédulas
Con el fin de garantizar el derecho a la actualización de la residencia electoral de los ciudadanos, la Procuraduría expidió la directriz a los Comités Territoriales de Control Electoral relacionadas con la vigilancia y seguimiento que se debe ejercer sobre la inscripción de cédulas de ciudadanía, en especial, para verificar los sitios donde se materialicen las mismas.
Asimismo, expidió el Instructivo No. 23 de 2022, mediante el cual se activan los Comités Territoriales de Control Electoral del Ministerio Público, con el fin de ejercer, en todo el territorio nacional, las funciones de vigilancia preventiva e intervención sobre el proceso electoral.
A su turno, la Registraduría Nacional del Estado Civil inició, el 29 de octubre, el período de inscripción de ciudadanos para votar en las elecciones territoriales 2023, proceso que se extenderá hasta el 29 de agosto del próximo año, dos meses antes de las elecciones, de acuerdo con lo establecido en la Ley Estatutaria 1475 de 2011.
Cabe recordar que deben inscribir su cédula aquellos ciudadanos que cambiaron su lugar de residencia o que hayan regresado al país, así como los extranjeros residentes en Colombia que quieran participar en esta jornada electoral y que tengan cédula de extranjería con categoría de residente vigente, expedida por la autoridad competente.
El Organismo Electoral ha indicado que “el trámite de inscripción del ciudadano se podrá realizar en cualquier sede de la Registraduría a nivel nacional, de lunes a viernes en el horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., presentando la cédula amarilla con hologramas, la cédula digital, en su versión física o desde el dispositivo móvil, o la cédula de extranjería. Cabe aclarar que este proceso no podrá llevarse a cabo con contraseñas, carné, libreta militar, licencia de conducción ni denuncias de pérdida de documento”.
En la página web de la Registraduría Nacional del Estado Civil: www.registraduria.gov.co se encuentra disponible de forma permanente el botón ’Consulte aquí su lugar de votación’, en donde el ciudadano puede digitar el número de su documento de identidad y el sistema le indicará si hace parte o no del censo electoral; en caso afirmativo, le mostrará su actual puesto de votación.
De acuerdo con el calendario electoral, el 29 de octubre también inició el registro de comités inscriptores de grupos significativos de ciudadanos, movimientos sociales y promotores del voto en blanco, quienes podrán solicitar en las delegaciones departamentales o registradurías del Estado Civil, según el caso, el formulario de solicitud de registro del comité y obtener por parte del funcionario electoral competente, el formulario para la recolección de firmas de apoyo.
La MOE inició proceso especial de observación
Un actor de primer orden, que ha venido generando respaldo para garantizar transparencia en el proceso, es la Misión de Observación Electoral (MOE), que anunció el inicio del protocolo de observación de los comicios en los que se elegirá a los mandatarios de 32 gobernaciones y 1.103 alcaldías, así como a 418 diputados de asambleas, 12.063 concejales municipales y 6.814 miembros de Juntas de Administradoras Locales. Además, esperan que se inscriban alrededor de 120.000 candidaturas.
Para las elecciones territoriales de octubre de 2023, el despliegue de la observación electoral estará coordinado por 34 regionales, lideradas por organizaciones de la sociedad civil, la iglesia católica y universidades públicas y privadas. “A través de estas coordinaciones se prepara una observación que tendrá presencia en al menos uno de cada tres municipios del país, priorizando aquellos territorios que sean señalados en algún nivel de riesgo por el Mapa de Riesgo Electoral que la MOE elaborará para estos comicios”, señaló Alejandra Barrios, directora de la organización.
“Como parte del compromiso de la MOE con una democracia plena, en la que todas las personas puedan participar en igualdad de condiciones, la observación electoral incorporará enfoques diferenciales frente a la participación política de las mujeres, de las personas con experiencia de vida trans, con discapacidad y poblaciones de origen étnico”, señaló.
La entidad también explica que los principales retos de las elecciones están relacionados con la presencia de grupos armados ilegales, la violencia política, la transparencia en la financiación de las campañas, las garantías de acceso a la información y la acción eficaz de las autoridades contra delitos electorales tales como la compra de votos y el constreñimiento al elector.
“La MOE también hizo un llamado a la ciudadanía, a hacer uso del derecho que tienen de acudir a procesos con reglas claras, ciertas y previamente conocidas. Teniendo en cuenta lo anterior, le solicita al Congreso de la República que, de aprobarse modificaciones al Código Electoral, que inicia su debate en los próximos días, estas solo entren a regir una vez finalizadas las elecciones de 2023”, indica el comunicado de esta organización de la sociedad civil.
Finalmente, la MOE invitó a los colombianos a informar sobre cualquier anomalía e irregularidad electoral en www.pilasconelvoto.com y al número de WhatsApp 315 2661969.
Preocupante: posible modificación en la rendición de cuentas
Este medio también conoció que se estaría estudiando, por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), la posibilidad de que los candidatos ya no estén obligados a reportar en el aplicativo ‘Cuentas Claras’ sus informes de financiación de campañas, sino que los reportes ahora tengan que ser entregados únicamente por los partidos.
Conocidos estos rumores, la organización Transparencia por Colombia encendió las alarmas y consideró la medida como un retroceso en la rendición de cuentas de los candidatos en materia de transparencia.
“Este cambio pondría en riesgo derechos ciudadanos asociados al acceso a la información sobre el financiamiento de la política como mecanismo para ejercer un voto informado. Transparencia por Colombia hace un llamado a la autoridad electoral para mantener la obligatoriedad del reporte financiero de campañas en Cuentas Claras”, afirma la Corporación.
Y es que, de acuerdo con un artículo recientemente divulgado por la Revista Semana, la sala plena del CNE sí habría aprobado que los aspirantes a cargos de elección popular solo entreguen esta rendición de cuentas a sus respectivos partidos políticos, que serían los responsables por enviar estos reportes a la autoridad electoral, a través de Cuentas Claras. La excusa: el Consejo Nacional Electoral busca que las agrupaciones políticas sean más responsables con los candidatos que avalan.
Dicho lo anterior, Transparencia por Colombia considera que, “si bien es importante que los partidos políticos asuman una mayor responsabilidad respecto al proceso de capacitación, acompañamiento y rendición de cuentas de la financiación de campañas de las candidaturas que avalan, esta aparente decisión del CNE significaría una contradicción del marco constitucional y normativo vigente en materia de rendición de cuentas de campañas y generaría varios riesgos para la transparencia de la financiación política en el país”.
En este punto es importante recordar que el Artículo 109 de la Constitución Política establece, claramente, la obligación que tienen los candidatos sobre rendir cuentas públicamente frente a sus ingresos y gastos de campaña, por lo cual, esta obligación no puede ser reemplazada por un reporte intermediado por los partidos políticos, que, posiblemente, restringiría el acceso público a la información.
Según expertos en materia electoral, eliminar esta obligación de reporte a través de Cuentas Claras, debilitaría las capacidades del Estado para hacer seguimiento a presuntas irregularidades y delitos electorales asociados a la financiación electoral de manera oportuna.
Indican, igualmente, que se generaría un retroceso en los avances logrados por el CNE en los últimos 11 años en materia de seguimiento y auditoría de los ingresos y gastos de campañas, situación que afectaría la capacidad de revisión, control y certificación de los reportes contables que debe hacer el Fondo de Financiación de la Política, del Consejo Nacional Electoral, para hacer viable la reposición de gastos por votos a las campañas.
“Enviamos una carta al pleno de magistrados del Consejo Nacional Electoral expresando nuestra profunda preocupación por este aparente cambio que, de ser cierto, sería un grave retroceso en la rendición de cuentas de los candidatos y un riesgo para nuestra democracia, en particular con miras a las elecciones locales de 2023”, indicó Andrés Hernández, director Ejecutivo de Transparencia por Colombia.
“No solamente necesitamos el acceso público a los informes de rendición de cuentas de las campañas como lo establece la Constitución, sino también un mecanismo como Cuentas Claras que facilita enormemente el reporte, control y seguimiento a los ingresos y gastos de la actividad electoral”, agregó Hernández.
Lo anterior teniendo en cuenta que, precisamente, es el aplicativo Cuentas Claras el que ha contribuido a cumplir con dicha información de reporte público, al constituirse como una herramienta de gran utilidad para los órganos de control, organizaciones políticas, periodistas, grupos de interés y la ciudadanía en general, para facilitar y fomentar el seguimiento, auditoría y control de los reportes de candidatos.
“Hacemos un llamado a la ciudadanía, a las autoridades electorales y a los órganos de investigación y control, para defender los avances logrados en la rendición de cuentas de las campañas y herramientas como Cuentas Claras, que ya hacen parte de nuestros procesos de control democrático y de la cultura política del país”, concluyó Hernández.
Proceso electoral 2023, en tiempo y en cifras
- La Registraduría Nacional del Estado Civil instalará 1.227 nuevos puestos de votación para las elecciones territoriales del 2023, respecto a los mismos comicios del 2019. El número de mesas de votación será de, aproximadamente, 120.000.
- Con relación a las elecciones del año 2022, el incremento de puestos de votación será de 554 (431 urbanos y 123 rurales).
- El 29 de octubre inició el registro de comités inscriptores de grupos significativos de ciudadanos, movimientos sociales y de comités independientes promotores del voto en blanco. Este proceso se extenderá hasta el 29 de junio del 2023.
- El 29 de junio del 2023 iniciará el período de inscripción de candidatos para las elecciones territoriales y finalizará un mes después, es decir, el 29 de julio del 2023, tres meses antes de las elecciones.
- El domingo, 29 de octubre, será el día de la verdad: el día de las elecciones regionales en Colombia.
