Pese a las advertencias del gremio de la ingeniería, el Invías adjudicó la obra para esta infraestructura, que estará en jurisdicción de Guayabetal y deberá entregarse el 31 de julio de 2022.
Los recurrentes cierres de vía que tienen que aguantar los habitantes del suroriente de Cundinamarca, por las continuas afectaciones en la vía al Llano, carretera que desde el 2019 presenta serios problemas en el kilómetro 58 por una inestabilidad geológica que genera derrumbes, serían superados una vez quede en operación el nuevo viaducto de 750 metros de longitud.
En eso confía el Gobierno, que a través del Instituto Nacional de Vías (Invías) adjudicó a finales de septiembre las obras de construcción de esta infraestructura, que estará ubicada en jurisdicción del municipio de Guayabetal (Cundinamarca), con el que se busca ofrecer una solución integral para garantizar una conexión eficiente de la región de los Llanos con el centro del país.
El viaducto será ejecutado por el Consorcio Vial del Oriente, conformado por las empresas españolas OHL Infraestructuras SAS (50 por ciento) y Agrupación Guinovart Obras y Servicios Hispania SA Sucursal Colombia (50 por ciento).
El precio del contrato sumará un poco más de 119.000 millones de pesos, por debajo del presupuesto oficial de 124.000 millones de pesos, monto que, según dijo el director del Invías, Juan Esteban Gil, no tendrá ninguna adición y cubrirá todas las obras que se requieran para dejar operativo y en uso el viaducto.
Los trabajos deberán estar listos en un tiempo de 11 meses luego de que se firme el acta de inicio de su construcción, según los pliegos publicados en el portal público de contratación, Colombia Compra Eficiente.
Pero a esta decisión se llegó pese a las reiteradas advertencias de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) y de varios interesados en presentar una oferta formal, quienes en varias oportunidades y en mesas técnicas señalaron que, dada la complejidad de la zona, ni el presupuesto de 150.000 millones, ni los 11 meses de plazo, eran suficientes para ejecutar el proyecto, dado que existen dudas de tipo ambiental.
Al cierre de la licitación, según los documentos que reportan en el portal Colombia Compra Eficiente, la oferta del consorcio ganador fue de 119.033 millones de pesos, mientras que la del Consorcio K58 Viaducto 2022 fue de 122.245 millones de pesos. El criterio elegido para la adjudicación fue el que menor valor presentara.
Se licitó mal
Sin embargo, luego de que el 15 de julio la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) alertara por la insuficiencia del presupuesto y del tiempo para hacer la obra, el 3 de septiembre, después de varias mesas técnicas, el Invías ya había decidido reanudar el proceso suspendido a finales de julio. El presidente Ejecutivo del gremio, Juan Martín Caicedo, les envió una carta a la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, y a Juan Estaban Gil, director del Invías, señalando que la obra terminó licitándose mal.
Como consta en la carta, la CCI alertó que, según la licitación, se requiere al contratista que ejecute el proyecto, para que antes del vencimiento del plazo de la etapa de preconstrucción (60 días calendario), adelante las gestiones necesarias de tipo social, predial y ambientales que le permitan iniciar las actividades de construcción y/o mejoramiento en los sectores y/o hitos técnicos viables liberados por concepto de estudios y diseños, y que se encuentren previamente autorizados por la interventoría y el Invías.
“Por la experiencia adquirida en este tipo de proyectos, se prevé la insuficiencia de tiempo en esta etapa, para dar cumplimiento a las obligaciones. En particular, frente a la gestión predial, (…) es casi un imposible para el contratista realizar todas las gestiones necesarias y suficientes en asuntos prediales antes de 60 días calendario, teniendo en cuenta que todo el proceso de adquisición de un predio, desde su estudio, negociación, entrega adelantada (en caso de que se presente), pago y enajenación (en caso de que se requiera), no es posible adelantarla en este tiempo.”
Y agregó que esta compra de terreno, según expertos en la materia, es imposible hacerla en menos de seis (6) meses, siempre y cuando no haya situaciones singulares sobre el estado de la tradición o titularidad de los predios a adquirir.
Además, Caicedo Ferrer dijo que persiste la preocupación frente a la incertidumbre sobre los trámites ambientales que requiere el proyecto, ya que el objeto principal del contrato, que es construcción del viaducto, podría requerir estudios más profundos y algunos trámites de mayor complejidad, ante la autoridad ambiental competente.
Otros riesgos que cuentan
Recalcó que también había que considerar las condiciones climáticas y el estado actual de la zona a intervenir, el cual presenta una gran inestabilidad, “circunstancia que obligará al contratista a atender las emergencias que se presenten en el corredor vial y que, sin duda alguna, tendrán incidencia en el tiempo de ejecución de las obras”.
Al mismo tiempo, el gremio la ingeniería le dejó constancia al Gobierno de que dentro de las obligaciones del contratista adjudicatario, está hacer el “ajuste y/o unificación y/o complementación y/o actualización y/o adaptación de estudios y diseños”, entregados por el Instituto (el Invías), y que, de acuerdo con los pliegos del proceso licitatorio, se encuentran en una etapa “fase II avanzada/fase III de contratación”.
“De esta actividad, se desprende, como es obvio, un alto nivel de incertidumbre frente al valor final del contrato, teniendo en cuenta las condiciones particulares de la geología y geotecnia de la zona.”
Con estos argumentos, la CCI, que era partidaria de hacer una nueva licitación, dejó constancia de que era necesario que la opinión pública y los eventuales interesados tuvieran conocimiento de todos los riesgos que implica la ejecución de este proyecto.
Caicedo Ferrer se atrevió a vaticinar que la obra civil (viaducto) que solucione el paso por el kilómetro 58 de la carretera Bogotá-Villavicencio no estará terminada el próximo 31 de julio de 2022, como lo establece la licitación.
“Es posible, inclusive, que de presentarse situaciones imprevistas de tipo social, predial y ambiental como las que observamos en esta comunicación, tampoco pueda estar al servicio en un término de 24 meses como prevén los expertos y, mucho tememos, que el presupuesto oficial asignado para su ejecución será insuficiente”, insistió.
Para algunos expertos, el Gobierno solo alcanzará a tomarse la foto del inicio de las obras, poniendo la primera piedra. El tiempo dirá si el Invías tiene la razón o si pasa como con el túnel de La Línea, cuyas obras complementarias deberían haber estado listas en abril de 2021, y en septiembre, cuando se esperaba que finalmente estuvieran, tampoco se cumplió.
