En la plenaria, la propuesta fue aprobada con 54 votos a favor y 30 en contra.
El cambio radica en que el Artículo 125 del proyecto de Presupuesto de 2022 permitirá a los funcionarios públicos la contratación en plena época electoral y será la Contraloría la encargada de hacer seguimiento minucioso a los contratos que se ejecuten.
“Todos los convenios que se suscriban bajo el amparo de la presente disposición serán objeto de control especial por parte de la Contraloría General de la República. El Contralor determinará, en el marco de sus competencias constitucionales y legales, la forma en que se ejercerá dicho control”, reza el Artículo.
El inciso también señala que se suspende la primera acotación del Artículo 38 de la Ley 996 de 2005 y, en consecuencia, las entidades del orden nacional y las territoriales podrán celebrar convenios administrativos e interadministrativos para la ejecución de recursos públicos.
Según el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, con este artículo no se suspende la Ley de Garantías de manera definitiva, solo para esta ocasión, se permite la contratación en infraestructura vial, proyectos de agua potable, entre otros, para que no se frenen por cuenta de las elecciones y para que no afecten el proceso de reactivación. “No se está eliminando esta Ley, simplemente se está permitiendo temporalmente el uso de convenios interadministrativos”, señaló.
