El escándalo por el robo del dinero y, como consecuencia de ello, la imposibilidad de brindar conexión a internet en poblaciones alejadas, muestra la indolencia y el ánimo delictivo que mueven este tipo de causas. En los últimos cincuenta años el mundo ha cambiado vertiginosamente y se han producido cambios trascendentales que impactaron la forma de relacionarnos y de interactuar con nuestros semejantes y con nuestro entorno.
Un ejemplo singular de ese cambio es precisamente el internet y con él, la posibilidad de tener acceso al conocimiento apoyado en esta poderosa herramienta. Sin lugar a dudas, la pandemia incrementó esta necesidad de conexión y avivó el interés para lograr que a lugares apartados de nuestro país llegara la conectividad y, así, permitir que los colegios y sus zonas aledañas tuvieran el servicio gratuito del internet.
Ese, básicamente fue el objeto del contrato de MinTIC con la cuestionada Unión Temporal Centros Poblados. No se entiende, entonces, cómo una necesidad tan sentida, con un propósito tan loable, desencadene un entramado criminal tan sofisticado que lleve a la pérdida de al menos 70 mil millones de pesos y la indolencia de la sociedad por quienes necesitan con urgencia esa conexión a internet.
Ciertamente, tal como se desprende del informe “The Cost of Being Off the Grid“, publicado en julio de 2021 por el Banco Mundial, el acceso a la red impacta directamente en la posibilidad de mejorar las condiciones de vida de las personas. Los casi siete mil colegios beneficiarios de esa conexión, para acercar a un número aproximado de un millón doscientos mil jóvenes al conocimiento y aportarles en su proyecto de vida, sigue frustrado.
La buena intención se ha ralentizado por el malogrado contrato, sin que eso llame la atención de la sociedad en lo que respecta al devastador efecto en los estudiantes. Con toda la razón, la gente pide responsables, condenas, renuncias y recuperación del dinero hurtado; pero, entretanto la conexión no llega, los estudiantes siguen aislados y la brecha educativa y social sigue aumentando junto con los funestos efectos de la pandemia, que hizo alejar a los alumnos de las aulas.
Lo que hemos visto con estupor es que para hacerse con el multimillonario contrato, se acudió a una licitación en apariencia legítima. Sin embargo, y a pesar de la exorbitante cuantía, Centros Poblados aportó garantías y pólizas falsas sin que ello fuera objeto de verificación por parte de la firma contratada para tal fin o por los funcionarios a cargo. En un contrato tan oneroso, eso no resulta admisible; vaya cualquier ciudadano a ejecutar un contrato de prestación de servicios u otro similar con el Estado y ahí sí resultan implacables con los requisitos, pero acá no, acá fueron laxos y complacientes con los criminales disfrazados de contratistas.
Ese hecho, mínimamente, muestra que los contratistas desde el inicio actuaron como delincuentes y que quienes debían hacer la verificación de pólizas y garantías omitieron su objeto o función. Personajes con nombres y apellidos de ingrata recordación, porque en el pasado fueron protagonistas de otro monumental robo, como Emilio Tapia y Moralesrussi, hoy vuelven a escena más especializados que nunca en el arte de la trampa.
Ni la ley de contratación, ni todas las resoluciones y normas para adjudicar ese multimillonario contrato fueron obstáculo para que estos artistas del mal se hicieran con la adjudicación y luego con el anticipo de los 70 mil millones que ahora reclamamos. Bien podrían ellos y todos sus cómplices, servir como ejemplo en una nueva versión de Ali Baba y los cuarenta ladrones pertenecientes al libro Las mil y una noches o a un clásico de la literatura universal como Rinconete y Cortadillo, de Miguel de Cervantes, pues la increíble historia de estos bandidos daría para un clásico contemporáneo, increíblemente, no de ficción sino de la vida real.
Este asunto que en el imaginario colectivo se tiene como recurrente en toda la contratación pública, debe llamar a la reflexión de la sociedad. No se trata solo de que unos pocos se lucren con las cifras que se roban sino del devastador efecto que tiene en la salud, la educación, las vías, etcétera.
Cada quien pasa a la historia como vivió en ella, tal es el caso de Cantinflas, excelente actor, productor y guionista mexicano, a quien por su particular forma de comunicarse se le acuñó el término cantinflear como sinónimo de hablar mucho y no decir nada. En el futuro, no sería descabellado pensar que términos como ‘abudinear’, ‘emiliar’ o ‘moralesrussiar’, ajenos por ahora a la lengua española, se refieran a estafar o robar recursos públicos, razones de sobra confluyen para que la RAE en su sabiduría tome esta singular determinación.
Asimismo, hemos de revisar el diccionario para que los criminales no nos cambien el significado de conceptos como centros poblados o primera línea, porque su acepción es clara, pero en la actualidad suelen asociarse a pillaje, fechorías y criminalidad.
Por: Coronel (RP) Luis Fernando Rey Tovar
Por: Coronel (RP) Luis Fernando Rey TovarAbogado, Magister en Derecho y en Seguridad Pública,
Administrador Policial, Profesional en Criminalística,
Especialista en Seguridad, en Docencia universitaria y en Derecho procesal, constitucional y justicia militar,
