Desde el Congreso de la República estamos conformando una comisión accidental para que haga seguimiento a las políticas y acciones públicas que den estricto cumplimiento a los acuerdos de paz.
A través de la Resolución No. 2122 del 22 de agosto de 2022, la mesa directiva de la Corporación nos acreditó como integrantes de esta instancia, que tiene como finalidad, entre otros aspectos, estudiar, analizar y proponer iniciativas que permitan superar situaciones inherentes al conflicto colombiano y que perturben la paz y la reconciliación.
Esta dignidad la sumimos con absoluta responsabilidad, pues esperamos desde allí acompañar todo el desarrollo del cumplimiento de los Acuerdos firmados en La Habana, pero también generar todas las posibilidades para que acompañemos al Gobierno Nacional buscando la paz total, integrando a los demás grupos al margen de la ley, que hoy en Colombia están generando dificultades en muchas regiones.
Y es que, para el Órgano Legislativo, la consecución de la paz en Colombia parte del establecimiento de una pedagogía nacional, donde se responda, a través de esta instancia, a la prioridad y necesidad sentida de todos los ciudadanos de materializar el derecho a vivir en paz y sana convivencia en el territorio nacional.
Es desde la Comisión que seremos gestores útiles para conseguir este propósito y construir sobre lo avanzado. Nosotros, en Cundinamarca, ofrecemos este territorio como un laboratorio de paz. La paz se hace con los campesinos, la paz se hace con los comunales, la paz se hace generando bienestar y desarrollo en cada una de las regiones de nuestro país.
Para consolidar la paz total, tal y como lo concibe el gobierno del presidente Gustavo Petro, se debe trabajar en armonía y de manera trasversal, desde el ejecutivo, liderando y marcando la ruta; desde el legislativo, acompañando con todos los trámites para la implementación normativa, legislativa y administrativa; desde la rama judicial, buscando garantía de derechos en el marco del acceso a la justicia, verdad y reparación; como sociedad civil, siendo actores céntricos de los procesos y en quienes debe recaer la oferta institucional; con los demás actores generadores del conflicto interno, desde su voluntad de paz y sometimiento, con un adecuado acompañamiento internacional que permita las garantías a las partes en negociación.
Debemos interpretar este papel como una respuesta para atender la ruralidad como un punto vital. Es hora de generar acciones efectivas desde la institucionalidad para reducir la brecha territorial, entendida esta como la reducción de los indicadores de pobreza en el campo (tomar como mecanismo el índice de pobreza multidimensional que implementa las Naciones Unidas). Un verdadero plan de descentralización atendiendo a las familias que habitan las veredas, inspecciones y corregimientos.
Debemos, con urgencia, generar en el Plan Nacional de Desarrollo una estrategia integral de atención a los municipios que fueron azotados por la violencia de los grupos al margen de la ley, donde llegue la atención integral, mediante una reparación directa con la presencia del Estado, garantizando la ejecución de proyectos de infraestructura, permitiendo acceso a los servicios públicos, salud, educación y alternativas de empleo. Los comunales del país se deben convertir en el punto de partida, ellos son gestores de paz y desarrollo.
