El Tribunal Administrativo de Cundinamarca precisó que el
proceso de nulidad que se tramita bajo el radicado 11000133400520220006601 en el que se discute la legalidad del Decreto 555 de 2021 que adoptó un nuevo Plan de Ordenamiento Territorial, POT para Bogotá D.C., ingresó por el sistema de reparto aleatorio y equitativo de la rama judicial, con lo cual se cierra la polémica de las últimas horas por contrato de hija de Magistrada con entidad de la Alcaldía Mayor.
El comunicado firmado por el magistrado Moisés Rodrigo Mazabel Pinzón, presidente de esta Institución, indica que la plataforma asignó el proceso en “segunda instancia al Honorable Magistrado Felipe Alirio Solarte Maya de la Subsección A de la Sección Primera de esta Corporación, quien asumió inmediatamente el conocimiento del mismo el seis de agosto del presente año”.
“Al someter el proyecto que resuelve la apelación de la medida cautelar a consideración de la Sala de Decisión, la magistrada Claudia Elizabeth Lozzi Moreno, manifestó impedimento y se procedió conforme lo regula la Ley 1437 de 2011 en sus artículos 130 y siguientes, siendo resuelto por los otros integrantes de la Sala, en el sentido de considerar infundado el mismo, esto es, que fue negado en providencia del 22 de agosto hogaño, al determinar que no había elemento alguno que afectara la imparcialidad de la Magistrada”.
“En ese sentido, se actuó conforme al procedimiento establecido en la Ley, la Magistrada no está impedida para conocer del proceso, su actuación ha sido correcta y según el alto estándar ético, dado que ante la vinculación profesional de su hija a través de un contrato de prestación de servicios con una dependencia del Distrito, anterior a este proceso, pudiera generar algún tipo de duda sobre su imparcialidad, procedió a manifestar impedimento, el cual fue resuelto por la Sala Dual como autoridad judicial, descartando cualquier tipo de incidencia o interés, por lo que la ciudadanía debe tener la absoluta confianza que el actuar del Tribunal ha sido en Derecho, con apego a la Constitución y la ley y en ejercicio de su función como autoridad judicial independiente, imparcial y garante de los derechos para todos”.
