Por: Coronel (RP) Luis Fernando Rey Tovar
Abogado, Magister en Derecho y en Seguridad Pública,
Administrador Policial, Profesional en Criminalística,
Especialista en Seguridad, en Docencia universitaria y en Derecho procesal, constitucional y justicia militar,
Exjuez Penal Militar,
Docente universitario, Consultor en seguridad
“Esta patria que no escogí por mi voluntad, sino que me la dieron hecha como usted la ha visto que es (…)”, es una frase icónica, escrita por García Márquez en el ‘Otoño del patriarca’, que permite abrir la introducción para señalar que es esa Patria, la nuestra, la que resulta imperioso defender.
Nunca antes, en vigencia de la actual Constitución Política, la amenaza de acabar con la institucionalidad había estado tan latente como ahora. La violencia desatada recientemente en el país, mostró, que aun contando con una carta fundamental ejemplar en reconocimiento de derechos y mecanismos de participación, hay quienes prefieren optar por el caos y el vandalismo para alcanzar sus protervos intereses. Asimismo, hizo destacar la importancia vital de la Policía para contener la violencia y para mantener las instituciones.
La estructura y funcionamiento del Estado colombiano, a pesar de múltiples problemas, es la más antigua y estable república constitucional en el contexto autoritario y militarista de Latinoamérica. El Estado colombiano cuenta con instituciones democráticas y representativas, que permiten la participación ciudadana en todas las instancias del entramado y complejo diseño establecido en la Constitución Política, intensificado aún más con el farragoso acuerdo de La Habana.
Esta posibilidad real de participación ciudadana en las diferentes instituciones, a través de las vías constitucionales y legales, hacen que la violencia y las vías de hecho queden fatalmente proscritas en nuestro medio.
Es cierto que a la Patria la afligen problemas y complejidades de corrupción, narcotráfico, élites extractivas (Acemoglu, 2012) y muchas otras dificultades; sin embargo, es el fortalecimiento de las instituciones junto con el de los controles por parte de la sociedad, lo que permite el crecimiento y la prosperidad y no el caos y el ataque a la autoridad legítima las que lo incentivan.
La ola de violencia presenciada recientemente en Colombia no es el ejercicio legítimo del derecho a la protesta, derivado del Artículo 37 de la Constitución Política. La comisión de delitos no está amparada por este derecho; quien daña los bienes ajenos, obstruye vías públicas, perturba el servicio de transporte público y ataca a la autoridad, entre otras acciones, no está actuando legítimamente, está incurso en conductas punibles y es deber del Estado impedir su comisión y/o llevar ante la justicia a quienes las cometen.
Es ahí, entonces, en donde la Policía resulta vital para el Estado y para la institucionalidad, cuyo fin primordial, de acuerdo al Artículo 218 de la CN, es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y las libertades públicas.
Muchos ciudadanos, pero principalmente aquellos que vivieron en carne propia los infames bloqueos, la suspensión del transporte público, el daño de sus bienes, la exacción ilícita para poder transitar, el desabastecimiento, saben que es fundamental la presencia y la actuación de la Policía para su tranquilidad y para el ejercicio de sus derechos.
Aquellos que cometiendo delitos quieren acabar con las instituciones y quieren minar la moral de los policías, se encontraron con una Policía Nacional fuerte y preparada; si no fuera así, otro hubiera sido el desenlace del caos perverso generado por los violentos.
El Policía no sale a su servicio a ser héroe, así muchos lo consideren como tal; el Policía sale a cumplir con su deber y sus funciones, aún a costa de su propia vida. La mayor enseñanza de los últimos hechos violentos en nuestro país es que la Policía es indispensable para mantener las instituciones y para asegurar que los habitantes convivan en Paz.
