Buscan el control de los corredores viales Grupos ilegales ponen en riesgo 12 municipios de Cundinamarca y 10 localidades de Bogotá

Autodefensas Gaitanistas de Colombia, Frente de Guerra Urbano del ELN, disidencias de las ExFarc-EP; grupos conocidos como las ‘Águilas Negras’, ‘Los Paisas’, ‘Los Boyacos’ y hasta relación con organizaciones de crimen transnacional, hacen parte de los nombres de las bandas criminales identificadas por la Defensoría del Pueblo, en la Alerta Temprana número 010, emitida el 31 de mayo de 2021.

Por Redacción Elector

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La noticia sobre la identificación de población en situación de riesgo en el departamento, que incluye víctimas del conflicto; líderes sociales; defensores de derechos humanos; excombatientes; miembros de movimientos y partidos políticos; estudiantes; docentes y docentes sindicalizados, entre otros, puso en alerta, e incluso, en contradicción a la Gobernación de Cundinamarca con la Defensoría del Pueblo.

Sin embargo, y de acuerdo con el Ministerio Público, la dinámica de riesgo en los corredores viales de los municipios de Soacha, Sibaté, Mosquera, Funza, Cota, Chía, Sopó, La Calera, Guasca, Choachí, Ubaque y Chipaque, aledaños a la ciudad Capital, se explica debido a tres razones principales.

La primera, la disputa por el control de los corredores de movilidad entre grupos armados ilegales, con mayor incidencia en territorios donde prevalece una relación urbana–rural.

En segundo lugar, la expansión y copamiento de actores armados ilegales parte del conflicto y de grupos armados de crimen organizado hacia nuevos territorios. Y la tercera, una mayor incidencia en la región y en las dinámicas de violencia por parte de organizaciones de crimen transnacional, articuladas con grupos armados ilegales.

Mucho más que una alerta temprana

Ricardo Arias Macías, defensor delegado para la Prevención al Riesgo en Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, le explicó a elector que el documento “es una alerta de carácter estructural, es decir, la naturaleza es distinta a una alerta temprana de inminencia. Al tratarse de una alerta estructural, esta es fruto de un trabajo de construcción de casi un año de trabajo en el Sistema de Alertas Tempranas (SAT).”

Agrega el Directivo que “en este caso, analistas de riesgos del SAT regional como nacional, hacen visitas a territorio permanentemente, se comunican con las comunidades, organizaciones, defensores de derechos humanos, entidades territoriales, inclusive, con las autoridades (fuerza pública). A partir de ese momento se levanta una información que queda en unos registros, datos que le tenemos mucho cuidado porque tienen voces y testimonios de líderes, que fruto de la confianza que hay con la Defensoría del Pueblo nos brindan la información que se necesita”.

Entre los delitos denunciados, el informe de la Defensoría enlista: homicidios, extorsiones, restricciones a la movilidad e imposición de normas de conducta a la población civil; constreñimiento, amenazas, hostigamientos, desplazamientos forzados, reclutamiento forzado, uso y utilización de niños, niñas, adolescentes y jóvenes; violencia sexual y basada en género; tráfico de personas con fines de explotación sexual, atentados y desaparición forzada.

En su tarea de prevenir y mitigar cualquier escenario de riesgo, la Defensoría visibiliza permanentemente sus alertas, tanto, que esta, de tipo estructural, no es la primera que se emite para Bogotá, es la sexta que refleja y expone un escenario de riesgo en 10 localidades. La de Cundinamarca es para 12 municipios.

Para ser más específicos, Arias Macías explica que esta alerta temprana se enfoca en dos corredores estratégicos. Y ahí es donde se entiende por qué Cundinamarca. “Son el corredor oriental y el occidental. El oriental inicia en Usme y se extiende hasta Usaquén, es aquí donde hay relación con aquellos municipios cercanos a las localidades de Bogotá, entonces ahí hablamos de Chía, Sopó, Guasca, La Calera, Choachí y Ubaque. Y el corredor occidental tiene que ver con los municipios vecinos a Ciudad Bolívar y Suba, como lo son Cota, Funza, Mosquera, Soacha y Sibaté”.

La ruta del riesgo

Sobre esta conurbación se disponen dos corredores de movilidad utilizados por grupos armados para dinamizar economías ilegales, entre otras fuentes de financiación, a partir de la comisión de delitos de alto impacto que afectan las comunidades que se asientan en estos territorios, tales como narcotráfico, préstamos de usura y contrabando, principalmente.

Según revela el Defensor Delegado para Alertas Tempranas, basado en los registros y la información recogida, la alerta se enfoca en dos corredores porque es donde ocurren dos hipótesis principales.

“La primera (corredor oriental): expansión y disputa por el control del corredor entre grupos armados de crimen organizado, asociados o relacionados, algunos de ellos, con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y otras organizaciones con influencia nacional. ¿Y ahí qué pasa? Hemos dicho que hay gente, mujeres, niños, niñas y adolescentes, personas con movilidad humana de origen venezolano, personas con identidad de género diversa…”

Las estructuras criminales que operan en Bogotá, en este corredor, pueden acceder a nuevos mercados, incrementando sus rentas, posicionamiento e injerencia, al mimetizar su accionar en diferentes municipios a través del servicio a domicilio. Adicionalmente, se ha reportado la ocurrencia de delitos como la extorsión y las amenazas.

“La segunda (corredor occidental): tiene que ver con la presencia de grupos armados como el ELN y disidentes de las Farc. ¿Ahí qué ocurre? Tenemos reclutamiento forzado, se han presentado temas de amenazas, extorsiones; algo muy importante, lo he dicho, restricciones a la movilidad de la población civil, entre organizaciones que responden a estas estructuras.”

Este recorre la sabana bogotana desde el municipio de Sibaté hasta Chía, atravesando zonas urbanas del municipio de Soacha como las comunas 3 La Despensa, 4 Cazucá y 5 San Mateo, así como por las localidades Ciudad Bolívar, Bosa, Kennedy, Fontibón, Engativá y Suba, en Bogotá.

“No hay presencia de grupos armados. Hay tránsito”

Además de este preocupante panorama relatado por el Defensor, este es claro en advertir un nuevo fenómeno de tercerización. “Le he mencionado tres actores, ELN, disidencias de las Farc y AGC, pero hay algo muy importante a tener en cuenta en esta alerta temprana, que le he mencionado a la Gobernación en su momento; y es que hay un gran fenómeno que se ha identificado de tercerización.

 Me decían: ¿es que en Cundinamarca no hay presencia de grupos armados? Yo les decía: es que bastaba con leerse la alerta a profundidad, que era extensa, de 85 hojas… No estamos diciendo que haya presencia de grupos armados organizados en los municipios que señalamos en Cundinamarca, sino que hay un tránsito por ambos corredores, tanto el oriental como el occidental, que involucra a Bogotá, y que, para poder leer integralmente este fenómeno, hay que tener en cuenta los municipios de Cundinamarca.”

 “¿Qué es lo que queremos? Que se pueda entender la alerta temprana como una oportunidad para prevenir y anticiparnos, como Estado, a cualquier vulneración de derechos humanos”.  

El crimen es trasnacional

Con documentación precisa y un registro detallado de este tipo de comportamientos, la Defensoría señala que existen grupos ilegales ligados, por supuesto, al tema del narcotráfico y a dinámicas de frontera. “Ahí nosotros hemos hecho un análisis con el equipo del SAT y creemos, y en eso estamos muy seguros, que el narcotráfico es un motor que hoy no solamente tiene, como lo ha tenido, a los líderes sociales y a los defensores de derechos humanos como víctimas, sino que se ha logrado correlacionar con distintas bandas, con distintos grupos armados de diversas zonas del país.

Hemos señalado para este fenómeno el sur de Córdoba, el bajo Cauca antioqueño, el Chocó, el departamento del Valle del Cauca. También hemos obtenido información como Defensoría en el Catatumbo (…) reflejan situaciones a las que hay que ponerles mucha atención. En fin, hemos hecho un barrido, por lo que consideramos 7 u 8 puntos neurálgicos en el país. Y ahora en Bogotá y Cundinamarca debemos advertir que existe este tipo de relación”, concluye el experto en Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo.

La recomendación: elaborar un plan de trabajo específico territorial para la respuesta rápida, institucional e interinstitucional, que defina estrategias y acciones coordinadas, focalizadas y especiales, acordes con las amenazas y vulnerabilidades identificadas.