El ataque se registró este viernes, 25 de junio, cuando la aeronave se aproximaba a la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander.
La Policía Nacional reveló que los investigadores ya accedieron al barrio La Conquista de Cúcuta, desde donde se produjeron los seis disparos contra el helicóptero, un Sikorsky UH-60 Black Hawk de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC).
La información hasta el momento entregada por las autoridades también indica que fueron encontrados rastros de munición de fusiles FAL, usados por las tropas militares del vecino país, Venezuela. “Esos fusiles son un AK-47 con número de registro que ya está siendo buscado por los peritos de la Policía y de la Fiscalía; y un fusil calibre 7-62 tipo FAL con marcas de las Fuerzas Armadas Venezolanas”, afirmó el general Jorge Vargas, director de la Policía Nacional.
Mientras el curso de la investigación continúa, el ministro de Defensa, Diego Molano, anunció la recompensa de hasta 3.000 millones de pesos por información que permita dar con los autores del atentado que puso en riesgo la vida del presidente de Colombia, Iván Duque, y de los funcionarios que lo acompañaban en la aeronave.
¿Cómo fue el atentado?
“Aproximándonos a aterrizar a la ciudad de Cúcuta, el helicóptero presidencial fue víctima de un atentado, este acto solo demuestra la cobardía de la delincuencia. No nos van a amedrentar”, presidente Iván Duque.
Junto con sus ministros de Interior, Daniel Palacios, y de Defensa, Diego Molano, así como con el gobernador de Norte de Santander, Silvano Serrano, Duque viajó al municipio de Sardinata en la región del Catatumbo, para participar en un acto de Gobierno. El atentado se produjo cuando regresaban a la ciudad de Cúcuta para, desde allí, retornar a Bogotá.
En redes sociales circulan algunos videos grabados aparentemente en barrios de la periferia de la Capital del Departamento, en los que se puede ver cómo el helicóptero sobrevuela la zona a baja altura y se escuchan disparos durante al menos 15 segundos.
En su cuenta oficial de Twitter, el Presidente reiteró su rechazo a este tipo de actos ilegítimos, que atentan contra la democracia de la Nación. “El vandalismo, la destrucción y la violencia, no pueden ser aceptados como una manifestación de inconformismo o un mecanismo legítimo de protesta. Rechazamos amenazas contra la infraestructura pública que afectan los derechos de los ciudadanos”, señaló.
