De acuerdo con el ente defensor, en su más reciente informe, los grupos que hacen presencia son: Autodefensas Gaitanistas de Colombia, Frente de Guerra Urbano del ELN, Facciones disidentes de las ex Farc-EP; también las llamadas “Águilas Negras”, “Los Paisas” y “Los Boyacos”.
Al respecto de la denuncia, el mandatario de Cundinamarca, Nicolás García, señaló que ningún organismo gubernamental había notificado con anterioridad dicha situación. “Tenemos una gran preocupación, una gran extrañeza en entender cómo se pueden evidenciar esas alertas en un departamento sin que ninguna otra entidad que hace presencia lo haya detectado”.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo indicó que estos grupos al margen de la ley estarían dedicados al homicidio, la extorsión, restricciones a la movilidad e imposición de normas de conducta a la población civil. Además, se identificó relación con organizaciones de crimen transnacional.
Los municipios de Cundinamarca señalados en el documento son: Soacha, Sibaté, Mosquera, Funza, Cota, Chía, Sopó, La Calera, Guasca, Choachí, Ubaque, Chipaque, en donde habita el 32% de la población del Departamento.
La Defensoría también señaló que la situación es la misma en las localidades del Distrito Capital: Ciudad Bolívar, Usme, Bosa, Kennedy, San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe, Fontibón, Engativá, Suba y Usaquén. Específicamente, la advertencia es para 39 Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ) y cinco unidades de planeación rural, en donde habita el 49% del total de la población de Bogotá.
¿Cómo es el actuar de estos grupos armados?
Según el informe, la red criminal funcionaría como cuerpo colegiado ubicando en la base a los grupos armados de crimen organizado con presencia regional o local; en el medio, se encontrarían los grupos armados de crimen organizado de alcance nacional; en el último nivel se encontrarían las organizaciones de crimen transnacional y los grupos armados ilegales.
Quienes corren el mayor riesgo en medio de la dinámica del conflicto en las zonas señaladas son mujeres, niños, niñas y adolescentes, jóvenes, migrantes venezolanos, personas con orientación sexual e identidad de género diversa, población víctima, líderes y lideresas sociales, personas defensoras de derechos humanos, excombatientes, miembros de movimientos y partidos políticos, estudiantes, docentes y docentes sindicalizados, jueces penales y otras personas que sirven de apoyo a los despachos judiciales.
Frente al tema, la Defensoría hace un llamado a las distintas autoridades municipales, departamentales y nacionales para que elaboren planes de trabajo específicos, con el fin de combatir las problemáticas descritas, entre otras acciones.
