Mientras la pandemia llevó a 3,6 millones de colombianos a esta condición, el Gobierno busca construir los consensos para sacar adelante un nuevo texto, que permita asegurar los recursos para mantener las ayudas sociales, porque el Covid-19 todavía no se ha ido.
Por Redacción Economía
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En medio de protestas, la poca viabilidad que tuvo la reforma fiscal que presentó el Gobierno a consideración del Congreso –cuyo texto original no se debatirá porque el presidente, Iván Duque, pidió al Legislativo no tramitarlo para estructurar uno con base en consensos con partidos y diversos sectores–, se dio, principalmente, porque en los partidos Cambio Radical, Liberal e incluso en algunos sectores del Centro Democrático, no fue bien recibida.
Esto, básicamente, porque no se compartió la idea de ampliar la base del impuesto de renta de personas naturales, eliminar la categoría de exentos del IVA y aplicar este impuesto a los servicios públicos en estratos 4, 5 y 6, así como a la gasolina, entre otros aspectos.
Según las cuentas que tenía el Gobierno, quienes tienen ingresos de 4,7 millones de pesos al mes iban pagar renta de 16.000 pesos mensuales desde 2022 y desde 2023 las personas con ingresos de 3 millones de pesos al mes iniciaban pagando 6.000 pesos mensuales, mientras que aquellos que devengan 2,58 millones mensuales habrían pagado 5.200 pesos mensuales desde el 2024.
A raíz de este rechazo, pero con la necesidad urgente de conseguir recursos para tapar el enorme y necesario boquete que se abrió en las finanzas públicas para atender la pandemia y seguir atendiendo a los más vulnerables (el Ministerio de Hacienda prevé que el déficit fiscal pasará de 7,8 por ciento del PIB en 2020 a 8,6 por ciento en 2021 –casi 90 billones de pesos–) el presidente, Iván Duque, pidió al Congreso retirar el proyecto para llevar un nuevo que, igualmente, tiene carácter de urgencia.
Y para el nuevo texto, que se construirá desde el 3 de mayo, iniciando con una reunión de los coordinadores y ponentes de las comisiones terceras y cuartas conjuntas del Senado y la Cámara de Representantes con el Gobierno, hay varios lineamientos claros por parte del Jefe de Estado.
El primero es buscar consensos (el Centro Democrático y el Partido Conservador ya anunciaron su respaldo a la decisión) y que en el nuevo texto no haya aumentos en el IVA de en bienes o servicios ni cambios en las reglas de juego actuales, relacionadas con este impuesto, ni ampliación de la base tributaria, es decir, que la gente que hoy no paga impuesto de renta seguirá igual.
Puntos de arranque
Pero, además, tras escuchar diversas propuestas, el presidente Duque reveló algunos temas que entrarán a esa construcción conjunta del proyecto. El primero es crear sobretasa de renta temporal a empresas, para que a la tarifa general que se tiene sobre este impuesto se le pongan unos puntos adicionales por un periodo que aún no se ha determinado.
Este esquema ya fue usado en la reforma tributaria del 2018, cuando por iniciativa parlamentaria se aprobó una sobretasa de renta al sector financiero por 2020, 2021 y 2022.
También está la propuesta de una prórroga al impuesto al patrimonio, pero que sea de forma temporal. En el proyecto que fue presentado por el Ministerio de Hacienda se proponía aumentarlo y convertirlo en permanente, pero solo a patrimonios de más de 5.000 millones de pesos.
Otra idea clara, tras los primeros diálogos, es el incremento del impuesto a los dividendos de forma transitoria. En el texto de la reforma, el Gobierno estableció subir la tarifa del 10 al 15 por ciento para las personas que reciben más de 29 millones de pesos al año por este concepto.
Un cuarto punto que hará parte de la construcción del nuevo texto es la creación de una sobretasa de renta a personas de mayores ingresos, lo cual coincide con una misiva enviada al Gobierno por 30 economistas.
Y en quinto lugar aparece, según Duque, la búsqueda de una profundización de los programas de austeridad del Estado, aspecto que fue remarcado por el Consejo Gremial.
Pero, a pesar del rechazo en las calles y de algunos partidos, la realidad de las cuentas públicas es como la de un hogar que sufre una tragedia o la enfermedad de algún familiar, situación que obliga a asumir gastos inesperados y que lleva a los jefes o jefas de hogar a buscar opciones, como que los hijos aporten algo, dejar de comprar cosas no básicas, o vender el carro y hasta el apartamento, para paliar la crisis.
Por ello, el presidente Duque fue claro sobre la reforma en que “retirarla o no, no era la discusión”, sino garantizar la continuidad de programas sociales como el Ingreso Solidario, brindar educación universitaria gratuita a jóvenes de estratos 1, 2 y 3, extender el subsidio a la nómina a través del Programa de Apoyo al Empleo Formal (Paef) y ampliar la devolución del IVA.
Expertos exponen sus recetas
Tanto el Consejo Gremial Nacional (CGN), como un grupo de 30 economistas advierten que la reforma es necesaria para ir enderezando las cuentas, pero también para permitir la búsqueda de recursos que se necesitan para la población vulnerable y para la que entró en situación de pobreza monetaria el año pasado, indicador que llegó al 42,5 por ciento en 2020, según el Dane, y que estaba en 2019 en 35,7 por ciento.
Eso sí, los gremios sostienen que el palo no está para cucharas en las aspiraciones de recaudo que tiene el Gobierno (23,4 billones de pesos) y que bajo las condiciones sociales y económicas actuales la reforma debe buscar entre 13 y 15 billones de pesos, y se debe complementar no solo con medidas de austeridad en el gasto público, sino con mayores acciones para luchar contra la evasión y pensando en vender algunos activos –al igual que la familia que entra en problemas–.
En esta lista no solo está la venta de la mayoría accionaria de Interconexión Eléctrica SA (ISA) a Ecopetrol, sino explorar vender otra porción de la petrolera (manteniendo el control accionario), otras electrificadoras regionales y activos incautados al narcotráfico, lo cual daría entre 6 y 15 billones de pesos (por una única vez).
Igualmente, desde hace varias semanas se oyen ideas de los empresarios, que a través de la Asociación Nacional de Empresarios (Andi), mantienen sobre la mesa la propuesta de aplazar la reducción gradual del impuesto de renta de empresas, lo cual daría 6,2 billones de pesos, y suspender la medida de descuento del Impuesto de Industria y Comercio (ICA) del impuesto de renta, que aportaría 5,2 billones de pesos.
Por su parte, los comerciantes, a través de Fenalco, plantearon que se eliminen dos de los tres días sin IVA que hay por ley, para que el fisco tenga 1 billón de pesos al año; y cobrar el IVA a las compras por plataformas extranjeras de comercio electrónico de productos de menos de 200 dólares, algo que no disfrutan quienes hacen compras –por este mismo valor– por comercio electrónico en plataformas del país.
Asimismo, los pequeños y medianos empresarios, agrupados en Acopi, resumen en 20 puntos las ideas para la reforma, siendo una de la más novedosas que una porción de los aportes que hoy ya pagan los empleadores a las cajas de compensación podría destinarse para financiar los programas sociales.
Hay mucho en juego
Según el Ministerio de Hacienda y líderes económicos, con la reforma no solo está en juego la calificación de riesgo de la deuda pública y el grado de inversión (que si se pierde termina encareciendo el endeudamiento público y privado), sino recuperar al país del impacto de la pandemia, que echó por la borda más de ocho años en la reducción de la pobreza, llevando a que 21 millones de personas estén ahora en esta condición (3,6 millones engrosaron esta lista en 2020) según el director del Dane, Juan Daniel Oviedo.
Un grupo de 30 reconocidos economistas, entre ellos los exministros Jorge Humberto Botero y Rudolf Hommes, y Juan Ricardo Ortega (exdirector de la Dian) publicaron una carta en la que se destacó la importancia de la reforma para mantener la financiación de programas sociales.
En la misiva, destacaron la urgencia de que el país responda a las necesidades de “los colombianos más afectados por la pandemia y profundizar las acciones necesarias para frenarlas”, así como la importancia del proyecto porque “busca proteger a los más vulnerables, recuperar la economía y asegurar la sostenibilidad fiscal”.
Pero también hicieron observaciones relevantes, como la preocupación porque la reforma del Gobierno no consideró una mayor progresividad para los niveles más altos de ingreso, es decir, que ponga a pagar mucho más a los que más tienen.
“El concepto de solidaridad que impone ese sacrificio exige que todos contribuyan y que la proporcionalidad, por lo menos, refleje las diferencias en ingreso de los contribuyentes”, agregaron.
Y es que las cifras que dejó la pobreza llaman a la reflexión, porque según el Dane, de los 3,6 millones de personas que entraron el año pasado a la línea de pobreza, 1,1 millones correspondió a Bogotá; en la pobreza extrema la caída fue más fuerte, ya que para el 2020 un total de 7,47 millones de habitantes están en esta crítica situación, frente a 4,68 millones en 2019, para un aumento anual de 2,79 millones de colombianos.
Además, pese a que los pagos extraordinarios de programas como Familias en Acción y Colombia Mayor, más el Ingreso Solidario y las ayudas de algunas ciudades impidieron que la pobreza subiera en el 2020 al 50 por ciento, el Dane mostró que la desigualdad también repuntó.
El coeficiente Gini (va de 0 a 1 y cuanto más alto el número más desigualdad hay) pasó de 0,505 en 2019 a 0,537 en 2020, nivel que no se veía en el país desde el 2012, de acuerdo con los datos presentados por el Dane.
Sin embargo, este indicador permaneció igual en las zonas rurales en 2020 frente a 2019, al quedarse en 0,456, en tanto que el Gini de zonas urbanas pasó de 0,526 a 0,544, también el más alto desde el 2012.
RECUADRO
Más de 200.000 cundinamarqueses cayeron en pobreza
Así como el país perdió 8 años en reducción de pobreza, Cundinamarca también retrocedió ese mismo tiempo en los avances que había logrado en ese período, toda vez que, durante el 2020, por la pandemia del coronavirus, fueron 202.000 los habitantes del departamento que entraron en situación de pobreza monetaria, para un total de 785.000, de acuerdo con las cifras del Dane.
La cifra de aumento equivale a decir que, por ejemplo, entre un año y otro los habitantes de Fusagasugá, La Mesa y Ubaté hubieran quedado pobres.
Y aunque Cundinamarca sigue manejando el indicador más bajo de incidencia de la pobreza en el ámbito departamental, en los últimos tres años, incluyendo el golpe del 2020, el indicador venía al alza, toda vez que después de bajar del 20,1 por ciento a 17,9 por ciento entre 2016 y 2017, en 2018 subió a 18,2 por ciento, en 2019 a 20,4 por ciento y para 2020 ya se ubicó en el 27 por ciento.
Es decir, uno de cada cuatro cundinamarqueses está hoy en condición de pobreza monetaria, mientras que el 10,4 por ciento de la población del departamento está en pobreza extrema.
Según el Dane, en 2020 un hogar de Cundinamarca era pobre, si al dividir el ingreso del hogar entre el número de miembros el ingreso de cada persona es inferior a los 269.745 pesos y se es pobre extremo si esa cifra es inferior a 131.624 pesos por cada persona que conforma el hogar.
