Por: Andrés Camilo Nieto Ramírez
@AndresCNietoR
Comunicador social y periodista, especialista en Gerencia en Gobierno y Gestión Pública, Magíster en Investigación Social Interdisciplinaria,
Candidato a Doctor en Estudios Sociales,
Actual Subsecretario de Seguridad y Convivencia de Bogotá
Cada vez más, y con toda la razón, la ciudadanía exige resultados contundentes en materia de seguridad. Se esperan continuos y masivos golpes a las estructuras delincuenciales y criminales que a diario se especializan, se preparan y optimizan sus formas de ataque y ganancia en rentas delincuenciales.
El problema radica en cómo generar un modelo de acción social que permita mejorar las acciones contra la delincuencia sin que se configuren, de ninguna manera, grupos de justicia por mano propia o permitir armar a los ciudadanos.
Encontrar el camino es un reto en el marco de innovación para la seguridad, que no puede quedarse en traer modelos de otros países, por obvias razones: ni el contexto, ni la historia, ni las condiciones económicas y sociales de Colombia son las mismas de Francia, Dinamarca o Canadá; partir de pensar que lo que ha funcionado en esos países, en materia de seguridad y justicia, será efectivo acá, es un error que se ha cometido repetidamente en nuestro territorio.
Innovar en seguridad no es fácil. Pocas veces se habla y debate con profundidad sobre este tema, a diferencia de sectores como salud o educación, que han ido ganando espacio en las salas de las casas, colegios, universidades y grupos de amigos, quienes han llevado a conformar equipos, veedurías, grupos significativos de ciudadanos, de usuarios y acciones populares. En materia de seguridad solo se habla cuando hay una noticia muy difundida sobre el tema, o cuando el hecho delictivo se presenta contra uno mismo o contra alguien muy cercano.
La garantía de la seguridad ciudadana es una encrucijada social compleja, no solo para la Policía, sino para alcaldes, alcaldesas, gobernadores y por supuesto para el Presidente.
Para el caso colombiano, con una historia tan convulsionada por el conflicto armado interno, los esfuerzos y miradas en seguridad se han concentrado, durante los últimos 40 años, en la lucha contra grupos guerrilleros y estructuras armadas al margen de la Ley, que requieren de dispositivos complejos, pero que han hecho que se descuide la lucha contra la delincuencia común. No es un secreto que una cosa es luchar contra el ELN y otra contra la banda de hurto a bicicletas o celulares.
En ese laberinto confuso y poco estudiado a profundidad, la imagen de las instituciones de seguridad no ha podido elevarse y mantenerse desde 1995. Para el año 2020, según la encuesta Gallup Poll, la imagen favorable de la Policía tuvo una caída, al pasar de tener el 75 % de imagen favorable en abril a un 40 % en junio. Curiosamente, la Policía tiene baja popularidad, pero, a la vez, la mayoría de ciudadanos quieren tener un policía al frente de su casa.
El compromiso es ciudadano
El tema da para largos escritos, pero quizá la salida es más sencilla de lo que parece. Lograr que la Policía enaltezca su imagen requiere de resultados contra la delincuencia que atormenta a la ciudadanía, en el día a día, por hurto a personas, celulares, bicicletas, motocicletas, vehículos, viviendas, locales comerciales y hasta ganado, pero lograr que la Policía pueda dar golpes contundentes a las bandas, requiere de un compromiso ciudadano.
Para dar luces, empezaremos mencionando el caso de Bogotá, que tiene 184 policías por cada 100.000 habitantes, mientras la Organización de las Naciones Unidas (ONU) recomienda que sean 300. En este orden de ideas, la ciudad debería contar con al menos 23.300 policías, es decir, un 40 % más de los que tiene actualmente. Este déficit se replica en todo el país, que tiene un déficit promedio del 38,4%.
Donde aparece el problema, también está la solución. El nudo está en que tenemos pocos policías y los usamos en servicios que no necesitan de su presencia. Se estima que, en Bogotá, y no de forma muy distinta a toda Colombia, en promedio, de cada 10 llamados a la Policía, 7 son para situaciones que no requieren de la presencia de un uniformado.
Lamentablemente, en nuestro país se llama a la Policía para situaciones tan particulares y jocosas como la pérdida de un gato, llaves que se quedan al interior de las casas, deudas de dinero entre vecinos, dueños de mascotas -animales de compañía- que no recogen los excrementos o por personas que sacan la basura a la hora que no es.
Es ahí donde la ciudadanía sí puede ayudar a las autoridades en la lucha contra el crimen y no es como se cree, formando grupos de justicia por mano propia. Cada ciudadano que llama a la Policía para temas que no competen a la delincuencia, está ocupando un uniformado en labores que son de cultura ciudadana o autorregulación y, por ende, impidiendo la oportunidad a otro ciudadano que sí lo necesita porque está siendo víctima de un delito o violencia.
En síntesis, en Colombia, la mejor forma de apoyar desde la ciudadanía a la Policía en la lucha contra la delincuencia no es armándose o amarrando ladrones a postes de luz; basta con que cada quién sea consciente de sus actos y evite llamar al CAI, cuadrante o línea 123 para cosas que son de sana convivencia y autorregulación.
