Los coguanos objetan la audiencia pública, así como las reuniones de socialización del título minero que impactaría el afluente hídrico, sin que se pueda garantizar una efectiva participación de la comunidad. La CAR, como autoridad ambiental, debe asegurar la contribución de todos los intervinientes, incluso, de quienes, sin demostrar interés particular en el trámite, puedan verse afectados indirectamente.
Por María Teresa Blanco
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La alerta se encendió en marzo del 2020, cuando la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) confirmó haber recibido la solicitud de licencia ambiental para el título minero EIJ-151 de explotación de materiales de construcción, arcilla y gravilla en 179 hectáreas de las veredas Patasica y La Plazuela, ubicadas en el municipio de Cogua, al norte del departamento.
Ante la situación y tras un año de lucha, la Alcaldía y el Concejo Municipal, la Gobernación de Cundinamarca, algunos activistas y los habitantes del territorio, entre otros actores, se oponen rotundamente a la entrega de este permiso, argumentando que la actividad de extracción generaría serias afectaciones ambientales y sociales en el municipio, así como en sus poblaciones vecinas: Zipaquirá, Chía, Nemocón, Cajicá e, incluso, en la capital del país.
Cogua: Más de 60 años aguantando la explotación
Cogua: Más de 60 años aguantando la explotación Frente a la situación, el gobernador, Nicolás García Bustos, ha sido enfático al expresar que, si bien respeta la autonomía de la CAR, como presidente del Consejo Directivo de esa entidad y como ciudadano cundinamarqués, tiene reparos, señalando que la misma vocación del predio impediría la explotación minera. “Cogua aprobó un Plan de Desarrollo basado en ser un municipio verde. Y el 70% del predio sobre el que se pretende tener licencia, está afectado por zona de riesgo o afectación de tipo ambiental; además, al predio lo atraviesa el río Neusa, dos acuíferos más y unos vallados”.
Pero el Gobernador García fue más lejos al inferir que, “el impacto real sobre el río Neusa es muy grande, no solo en términos de abastecimiento del municipio de Cogua sino de la región, incluida Bogotá; porque una afectación al río repercute luego en el embalse y, por ende, en el suministro de agua para todos los habitantes de la provincia y de Bogotá. Así que nuestra posición es decir no a este título. Hay minería en el municipio; pero el municipio cree que ya estuvo bien de minería y nosotros acompañamos esa decisión”.
Otro opositor a la autorización de explotación es el concejal Orlando Sierra, quien insiste en que no se puede ver este problema como una situación local sino regional, pues involucra el suministro de agua de la Sabana de Bogotá. Asimismo, pone en evidencia el riesgo que se corre al no adelantar la socialización de la forma en que indica la norma. “En este momento se está afectando la participación ciudadana. La pandemia no permite esa presencialidad, el tema virtual no es complementario, nunca lo será”.
Y es que, como lo aclara Sierra, las Audiencias Públicas tienen su base legal en la Ley 489 de 1998, sobre “Democratización y Control Social a la gestión pública” y son concebidas como una de las acciones necesarias para involucrar a la comunidad y organizaciones de la sociedad civil en la formulación, ejecución, control y evaluación de la gestión pública.
Para el caso, la emergencia ocasionada por la pandemia del Covid-19 limitaría el aforo en las jornadas de información y en la audiencia a un número no superior a 50 personas, para un municipio de más de 22.000 habitantes. “No es legal el tema de participación en estos momentos, se deberían postergar las audiencias públicas porque las personas no podrían participar activamente en esa decisión tan importante”, denunció el Concejal de Cogua.
Y para colmo de males, según las más recientes encuestas, el índice de conectividad en la provincia de Sabana Centro es de apenas un 13%, lo que quiere decir que de cada 100 personas solo se podrían conectar 13 a las jornadas virtuales; por lo tanto, la participación sería muy baja si se pensara en replicar esta modalidad.
Impacto ambiental Vs Ganancia de privados
Los seis bloques de explotación que plantea el título minero se ubicarían alrededor del río Neusa, que desemboca en el río Bogotá; y aunque los diseños contemplan la protección de 30 metros de cauce, no se tiene clara la contaminación que esto podría generar; sumado a que, según declaraciones de la alcaldesa del Cogua, Flor María Murcia, “el municipio posee 37 títulos mineros que tienen afectado el 87% del territorio”.
Pese a las advertencias, las empresas Colombiana de Agregados SAS y Sociedad Triar SAS, han manifestado que el proyecto está aguas abajo de la Represa del Neusa y que por ningún motivo puede afectar ese reservorio. Sin embargo, Organizaciones No Gubernamentales han expresado lo contrario; Eduardo Borda, director Ejecutivo de Cogua Verde señaló que “este ejercicio viola todas las normas de protección del agua, afectando al río Neusa, que, recordemos, es un afluente del río Bogotá”.
Dichas compañías, además, prometen crear empleos priorizados para la región y la demanda de bienes y servicios en transporte, alimentación y servicios ambientales; aún así, estos no corresponden ni siquiera a la mitad de la cantidad que sería necesaria para enfrentar el impacto social. “Muchas de las personas allí viven de la ganadería y de la agricultura, la oferta gastronómica y turistíca. En el estudio del impacto ambiental las empresas mencionan que contratarían a 14 personas, cuando esta zona tiene más de 50 que viven de estas actividades económicas”, reveló el concejal Sierra.
Riqueza natural de Cogua
A 2.630 metros sobre el nivel del mar y a 34 kilómetros de Bogotá, Cogua ha sido denominado pulmón y paraíso verde, del que no solo se benefician los locales sino los miles de colombianos y extranjeros que disfrutan de este destino ecoturístico. “Cogua le dice sí a la minería, llevamos más de 60 años, pero en sus justas proporciones. Una minería que no afecte el medio ambiente”, admite el Concejal.
El territorio se extiende a los pies del Páramo de Guerrero y tiene entre su patrimonio al Embalse del Neusa, fuente de abastecimiento de la región y hábitat de diferentes animales silvestres y especies de flora y fauna.
“Somos un municipio verde que se ha conformado como ecoturístico, con una excelente gastronomía, turismo en bicicleta, cultura rupestre. La entrega de esta licencia afectaría el buen vivir, el paisaje, la calidad del aire, acabaría con la riqueza del suelo. Hacer esta actividad en el valle del río afectaría estas actividades”, comentó el ambientalista Borda.
Cogua ha sido denominado pulmón y paraíso verde
¿Se otorgará la licencia ambiental?
A pesar de la resistencia y fuertes críticas que se han generado, la solicitud de Licencia Ambiental bajo el título EIJ-151 sigue en pie. La Corporación Autónoma Regional (CAR) reiteró que aún no se tiene ningún fallo frente a la instancia y que continúan siendo analizados los posibles impactos, el plan de manejo, las medidas de mitigación y compensación propuestas. Es decir, lo siguen pensando.
Mientras tanto, esta Corporación solo atinó a informar que la audiencia pública presencial fue aplazada para el 14 de julio del 2021 y que, previamente, se llevarán a cabo las reuniones informativas, entre el 15 y 28 de junio del mismo año.
Por su parte, la Agencia Nacional de Minería (ANM) y ante la insistencia de este medio por conocer su posición, prefirió guardar silencio.
¿Cuál será la respuesta de la CAR frente a la incesante petición de los coguanos y los cundinamarqueses? ¿Prevalecerá el bien privado sobre el público? Aquí se los contaremos.
