Sector Los Chorros, vía Chuguacal – Cambao
Bajo Magdalena, Magdalena Centro, Gualivá, Tequendama y Rionegro son las
cinco provincias, de las 15 con que cuenta el departamento, más afectadas por las fuertes lluvias de las últimas semanas, que han dejado seis muertos y varios sectores incomunicados.
El Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca (Iccu) no da abasto con la adecuación, mejoramiento o reconstrucción de más de 150 vías. El Gobernador debió declarar ‘urgencia manifiesta’.
Desafortunadamente, y pese a ser una tragedia anunciada, por décadas,
las vías de Colombia han sido las que se llevan la peor parte en la temporada
invernal de cada año. Las razones, entre muchas otras de carácter técnico, se
sustentan en una mala planeación del territorio: vías construidas sobre caminos
reales o a la orilla de los ríos, que el 85% sean en pendiente, años de violencia
que no permitieron el desarrollo vial y, en consecuencia, que, en Cundinamarca, para citar un ejemplo, tan solo el 40 por ciento de sus carreteras se encuentren pavimentadas.
Y es que los gobiernos locales han tenido una deuda de olvido con las vías
terciarias o veredales; esa conexión entre el campo y las urbes no deja de ser
parte del discurso de campaña política, para convertirse luego en ejemplo de la
desidia estatal.
Para entender mejor, y darle a cada quien su responsabilidad, es preciso aclarar
que en Cundinamarca las vías terciarias, alrededor de 15.000 kilómetros, están a
cargo de los 116 municipios; las vías de segundo orden, 8.000 kilómetros que
conectan municipios, son las que dependen del departamento; y las vías de primer
orden, 1.100 kilómetros que permiten la conexión con otros departamentos y con
Bogotá, están en manos de la Nación, a través del Instituto Nacional de Vías
(Invías) y de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), mediante concesiones.
Sin embargo, hoy, el campo cundinamarqués recibe el abono a un compromiso y
un esfuerzo valioso por parte del departamento, en una región donde la mayoría
de municipios son categoría seis, con un exiguo presupuesto de $5.000 millones
anuales, que apenas si les alcanzan para cubrir primero la educación, la salud y la
administración.
“Ya estamos haciendo presencia en todos los municipios afectados con la maquinaria del ICCU y hemos avanzado con la entrega de ayudas humanitarias”: Nancy Valbuena, gerente ICCU.
Mamá Gobernación
Nancy Valbuena Ramos, ingeniera civil y especialista en Geotecnia Vial y Pavimentos, es la gerente del Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca (Iccu) desde hace más de seis años, la principal entidad de la Gobernación de Cundinamarca. En su concepto, a pesar de los esfuerzos económicos que hace el Departamento, también hace falta un mayor compromiso de la Nación y de los alcaldes municipales, quienes, con el paso de los años, se han vuelto más dependientes de la gestión paternalista que ejerce la Gobernación.
“Si bien el deber como Instituto es con las vías departamentales (las de segundo orden), desde acá también se brinda todo el apoyo a los municipios que presentan eventualidades por fenómenos como los fuertes aguaceros que hoy vivimos. Por eso, invertimos más de $118.000 millones para el Modelo de Atención Integral de las vías de segundo y tercer orden en afirmado, a través de la adquisición de 39 equipos nuevos de maquinaria amarilla”, explica la gerente Valbuena.
Al tiempo, agrega que esta entrega “complementa los ya existentes, para un total de 91 equipos; así como la administración y operación de 16 combos de maquinaria, uno por provincia y uno para el municipio de Yacopí, teniendo en cuenta que solo ese municipio tiene más de 1.500 Kilómetros de vías terciarias. Contamos también con 61 convenios para el mantenimiento de 328 equipos propiedad de los municipios”.
“Invertimos más de $118.000 millones para el Modelo de Atención Integral de las vías de segundo y tercer orden en afirmado, a través de la adquisición de 39 equipos nuevos de maquinaria amarilla”: Nancy Valbuena.
Las consecuencias del fenómeno
Según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), la primera temporada invernal del año, que llegó de manera anticipada, se intensificará para el mes de abril; las lluvias aumentarán entre un 20% y 30%, afectando con más fuerza al centro del país.
Un panorama bastante desalentador para Cundinamarca, si se tiene en cuenta que el fenómeno ha dejado, además del cierre y deterioro de las vías, más de 150 familias damnificadas, afectaciones a sus viviendas y la muerte de al menos seis personas, entre ellas, dos menores de edad.
La más reciente tragedia se presentó en el municipio de Quebradanegra, en la provincia del Gualivá, donde una creciente súbita de la quebrada Hondura arrastró a un padre con sus tres hijas, dejando sin vida a dos de las pequeñas.
Otro hecho fatal ocurrió en Quipile; una mujer de 62 años de edad perdió la vida tras ser víctima de un desprendimiento de tierra y rocas que cayó sobre su casa luego de un fuerte aguacero.
“La urgencia manifiesta es cuando, como departamento, tomamos la decisión de asignar unos recursos y contratarlos directamente”: Gerente Icuu
Urgencia manifiesta
La sumatoria de estos accidentes fatales con las graves afectaciones por la ola invernal, forzaron al gobernador, Nicolás García, a declarar la ‘Urgencia Manifiesta’, una medida que le permite apropiar y gestionar los recursos necesarios (en Ley de Garantías) para atender de manera inmediata la emergencia.
“Ya estamos haciendo presencia en todos los municipios afectados con la maquinaria del ICCU y hemos avanzado con la entrega de ayudas humanitarias; realizaremos un censo para determinar los puentes colgantes que debemos hacerles mantenimiento; agradecemos a la CAR su apoyo con la destinación también de maquinaria y equipos, avanzaremos en el contrato de atención de emergencias, el alquiler y disposición de la maquinaria que sea necesaria”, detalló el Gobernador.
Pero si alguien tiene clara esta decisión, es Nancy Valbuena, quien explica la diferencia entre la calamidad pública y la urgencia manifiesta. “La primera, que fue declarada por la Gobernación el 2 de noviembre del 2021 por emergencias naturales, permite disponer de unos recursos, equipos y personal que acompañe las ayudas humanitarias.
Ahora bien, la urgencia manifiesta es cuando, como departamento, tomamos la decisión de asignar unos recursos y contratarlos directamente, es decir, podemos tener a un contratista de maquinaria, un proveedor que entregue frazadas y más, para hacer atención o ayudas humanitarias, no solo en el tema vial”.
En este sentido, la Gobernación planea una inversión de entre 5.000 y 6.000 millones de pesos, que dependerá de las distancias y el número de emergencias a intervenir.
“Como tenemos que alquilar maquinaria, hicimos un estudio de mercado de lo que cuesta la hora de las máquinas de oruga, lo cual tiene un precio aproximado de entre 170 y 250 mil pesos, dependiendo de qué tan cerca es la intervención al casco urbano; afortunadamente contamos con tres camabajas para trasladar la maquinaria”, anuncia Valbuena Ramos.
De acuerdo con la Gerente, esta decisión, que se tomó en Consejo Departamental de Gestión del Riesgos de Desastres, priorizó las provincias y las vías más afectadas:
- Bajo Magdalena
- Magdalena Centro
- Gualivá
- Tequendama
- Rionegro
Principales vías:
- Vía concesionada, desde Chuguacal hasta Albán (sector Los chorros)
- Afectación en la vía que de Villeta conduce a Bagazal
- La troncal de Rionegro
¿Peajes por desarrollo vial?
En Colombia, el principal mecanismo para mantener el buen estado las vías, se da a través de concesión por APP (Asociación Público Privada), que no es otra cosa que “un instrumento financiero, mediante el cual el Estado logra que el capital privado financie unas obras públicas y permite que las explote durante el tiempo necesario para recuperar la inversión”; en este caso, mediante el cobro de peajes.
Sin embargo, la medida ha sido continuamente censurada para los usuarios de las vías, bajo el argumento del permanente mal estado de los corredores y la incompetencia de las concesiones, algunas “nefastas”, como las califica el mismo Gobernador García.
En Cundinamarca, la Nación está a cargo de 13 concesiones, mientras que el departamento solo tiene injerencia sobre dos: Devisab (corredor vial Chía – Mosquera – Girardot – ramal a Soacha) y Panamericana (Chuguacal – Cambao, dentro de la jurisdicción de Albán, Guayabal de Síquima, Vianí, Bituima, San Juan de Rioseco y los demás municipios de la provincia del Magdalena Centro), donde, precisamente la vía quedó incomunicada por falta de mantenimiento y negligencia del concesionario.
Para Nancy Valbuena no todas las concesiones funcionan, unas porque fueron mal estructuradas jurídicamente desfavoreciendo al departamento y otras porque simplemente no tienen una voluntad diferente a su lucro particular. “Las concesiones bien estructuradas y bien hechas, de cuarta y quinta generación, valen la pena. Hay concesiones como Devisab que tienen responsabilidad y hacen bien las cosas”.
Adicionalmente, como otra fuente de recursos para el mantenimiento de las vías, la Gobernación conserva la administración directa de cinco peajes:
- Caseta El Amoladero: Guasca – Gachetá – Ubalá – Gachalá
- Caseta Pacho: Zipaquirá – Pacho – La Palma
- Caseta La Balsa: Ubaté – Lenguazaque – Guachetá
- Caseta San Miguel: Chusacá – Sibaté – Fusagasugá – Pasca (en operación desde el año 2011)
- Caseta Nuevo Salto: Chusacá – El Colegio – El Triunfo – Viotá – El Portillo (anteriormente administrado por la Concesión Troncal del Tequendama y desde el 1 de abril de 2021 por el Iccu)
Plan 500, más que un reparche
o
Los resultados de esta gerencia, más notorios y favorables para unas vías que para otras y pese a las innumerables críticas por parte de la comunidad por el mal estado de las carreteras, llevaron a que el Iccu fuera visto como “un adulto responsable”, como lo cita su propia Gerente, y lograra, a través de crédito, adquirir recursos para invertir a corto plazo, en lo que denominaron el Plan 500.
“Se trata de la primera operación de crédito que hace una entidad pública de esta envergadura, a través de la cual las obras de la malla vial podrán iniciar sin que haya que esperar varios años para recaudar el presupuesto necesario”.
El préstamo que hará Bancolombia, del cual se espera un desembolso por valor de $425.000 millones, se pagará durante los próximos ocho años con el recaudo de los cinco peajes administrados por el Departamento. Y el capital se distribuirá de la siguiente manera:
- Vía El Guavio: $50.000 millones
- Vía Rionegro: $90.000 millones
- Vía Útica – Quebradanegra – Villeta: $35.000 millones
- Vía Pandi – Venecia – Cabrera: $30.000 millones
- Vía Cota – Tenjo – Tabio: $22.000 millones
- Vía Arbeláez – Fusagasugá – San Bernardo: $20.000 millones
- Vía San Juan de Rioseco – Pulí – Beltrán: $20.000 millones
- Vía Albán – Guayabal de Síquima – Quipile – Bituima – Anolaima: $20.000 millones
- Vía Soacha – Anapoima – El Colegio – Viotá – Tocaima – San Antonio del Tequendama: $8.000 millones
- Vía Los Alpes – Corralejas – Reventones: $20.000 millones
Sin importar si llueva o relampaguee o si las fallas geológicas persistan en su aparición, Nancy Valbuena da su palabra porque estas inversiones le cambiarán la cara vial al departamento, pese a que, como ella misma reconoce, a la hora de gerenciar la primera entidad de Cundinamarca, se atraviesen algunos palos en la rueda: “uno de ellos, sin duda, son los pocos recursos para las vías, porque el protagonismo de esta entidad ha hecho que desde acá se ejecuten otros proyectos de infraestructura. Antes hacíamos solo colegios, polideportivos y hospitales, mientras que ahora apoyamos el desarrollo en otros campos como cultura, deporte, desarrollo social y juventud”.
