La Defensoría del Pueblo ha emitido una denuncia en la que advierte sobre la acelerada expansión de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC-Clan del Golfo) en Colombia. Según la entidad, el grupo armado ilegal ha logrado extender su presencia a 20 departamentos y a la capital del país. La Defensoría destaca la hegemonía del grupo en Antioquia, Chocó, Bolívar, Córdoba y Meta.
El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, ha señalado que “como Estado nos dejamos coger ventaja de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia – Clan del Golfo. Ellos han venido demostrado su poder y su capacidad de paralizar varios departamentos”. Camargo Assis también ha alertado sobre las actividades criminales del grupo, como el narcotráfico y la minería ilegal, así como su capacidad para controlar y bloquear la vida de las comunidades.
La Defensoría del Pueblo ha emitido un total de 162 Alertas Tempranas entre 2017 y 2023 que advierten sobre los riesgos de la presencia y el accionar de las AGC-Clan del Golfo en la mayoría del territorio nacional. El grupo armado ha logrado extender su poder a toda la Región Pacífica y la Región Caribe, así como al Eje Cafetero, San Andrés y Bogotá.
Según la Defensoría del Pueblo, las dinámicas de las AGC-Clan del Golfo se asemejan a una “holding del crimen” que maneja varias actividades criminales y tiene subcontratadas a estructuras del crimen organizado para actividades como el microtráfico y la extorsión. El grupo también ha logrado arrinconar al ELN en el Chocó y llevarlo hacia el sur del departamento.
En ese sentido, la Defensoría del Pueblo ha denunciado que los grupos armados como las AGC-Clan del Golfo han traicionado el anhelo de paz de los colombianos. La entidad ha respaldado la decisión del Presidente de la República de terminar el cese al fuego con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC – Clan del Golfo), al considerarlo un ultimátum para los demás grupos armados.
La Defensoría del Pueblo también ha destacado que las comunidades son las más afectadas por la disputa territorial entre los grupos armados, que ha generado permanentes fenómenos de desplazamiento forzado y confinamientos. Durante 2022, se registraron un total de 33 eventos de desplazamiento forzado en Chocó, generados principalmente por las dispuestas entre el ELN y las AGC-Clan del Golfo, que afectaron a 20 comunidades indígenas y 13 afrocolombianas, un total de 1.235 familias y 4.380 personas. También se presentaron 95 confinamientos, de los cuales 70 fueron de población indígena y 25 afrocolombiano, vulnerando a 7.833 familias y 34.114 personas.
