El 14 de marzo, un grupo armado ilegal envió amenazas contra la vida de los firmantes del Acuerdo de Paz y sus familias en el Espacio Territorial de Reincorporación (ETCR) ‘Mariana Páez’, ubicado en el municipio de Mesetas (Meta). Ante estos hechos, la Defensoría del Pueblo ha condenado públicamente las amenazas y ha instado a las autoridades locales y nacionales a tomar medidas para garantizar la protección de estas personas.
El ETCR ‘Mariana Páez’ alberga a 200 familias, incluyendo 86 mujeres cabeza de familia y 80 niños, algunos de ellos con discapacidad y adultos mayores. La Defensoría del Pueblo considera que es urgente proteger a esta población y garantizar que puedan continuar con sus proyectos de vida en sociedad.
La Defensoría del Pueblo ha enviado personal de la Regional del Meta y la Dirección Nacional de Atención y Trámite de Quejas al territorio para buscar la activación de los mecanismos de alerta y respuesta rápida por parte de las autoridades. Además, ha pedido a la Unidad Nacional de Protección que refuerce las medidas de protección de esta población, teniendo en cuenta su especial vulnerabilidad y enfoque de género y diferencial.
La entidad ha calificado estas amenazas como “un ataque a la médula del proceso de paz y su implementación”, y ha advertido que la orden de abandonar el ETCR implica la vulneración de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario. El desplazamiento forzado de las personas que viven en el ETCR causaría el abandono de los proyectos productivos que emprenden desde hace seis años, y les restaría posibilidades en su proceso de reinserción social y normalización de sus economías.
La Defensoría del Pueblo hace un llamado a los actores del conflicto para que respeten los términos del Acuerdo de Paz y dejen de lado a la población civil, especialmente a las Personas en Proceso de Reincorporación (PPR) que buscan nuevos inicios personales, familiares y económicos.
